Libre comercio y sanidad: filtraciones, mentiras y expectativas

Se negocia desde hace tres años y la polémica le ha acompañado allá donde ha sido abordado. El TransatlanticTrade and InvestmentPartnership (TTIP) nunca deja indiferente a nadie, mucho menos ahora que  afronta su fase final de elaboración. Y es que, a pesar de que comenzó siendo un acuerdo para mejorar las condiciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo cierto es que se ha acabado convirtiendo en un marco de armonización regulatoria entre dos zonas del mundo que suman el 60 por ciento del producto interior bruto (PIB) global.

Precisamente es esta convergencia regulatoria, sumada a la falta de transparencia en las negociaciones, la que ha hecho que el TTIP se haya ganado, y lo siga haciendo, tantos enemigos. Las profundas divergencias entre Estados Unidos y los estados europeos en lo que se refiere a servicios sociales han generado la inquietud de varios colectivos del viejo continente, y la sanidad no es ajena a los cambios que se barajan. De hecho, fue una de las monedas de cambio al principio de las negociaciones.

Esto se supo gracias a la primera de las numerosas filtraciones producidas respecto al TTIP desde que se ha puesto en marcha. Así, se supo que Bruselas había ofrecido a la Casa Blanca liberalizar el modelo farmacéutico en aquellos países  en los que no lo está, como España o Italia. Pero este no era el único ‘sacrificio’ europeo: también ofrecía abrir la contratación de servicios de hospital, ambulancia y Atención Primaria a empresas no nacionales y a liberalizar la colegiación.

Ignacio García Bercero, negociador del TTIP por parte de la Comisión Europea.

Sin embargo, a día de hoy estas posibilidades están descartadas, o al menos no hay ni rastro de estas opciones en los borradores del tratado que la Comisión Europea ha dispuesto para el acceso público. De hecho, gran parte de los esfuerzos del bando europeo, liderado por Ignacio García Bercero, se han centrado en disipar cualquier duda al respecto: los sistemas nacionales de salud no se van a ver afectados por el TTIP, ha afirmado en incontables ocasiones el negociador español. Concretamente, en una carta destinada a calmar los ánimos más exaltados por este motivo, ha precisado que los estados miembro tendrán libertad para decidir si proveedores extranjeros pueden pujar por contratos en el ámbito de la salud y, si es así, los términos en los que suscribirán dichos acuerdos: los de la UE o los domésticos.

Asimismo, también  ha asegurado que son los países los que decidirán si se incorporan médicos extranjeros a los sistemas nacionales de salud, si las empresas privadas podrán suministrar servicios de salud pública o si partes ya privatizadas de los sistemas sanitarios deben volver a la propiedad pública. Es decir, que el TTIP no cambiará las reglas del juego de las competencias sanitarias de los estados ni de los propios sistemas.

Claro que, los medicamentos y la tecnología sanitaria son harina de otro costal. El peso ‘formal’ sanitario del TTIP se centra en estos dos campos, prometiendo no pocos cambios de cara al futuro de ambos sectores, pero todavía lejos de un acuerdo definitivo. 

En busca de la convergencia normativa

Una vez ha terminado la 13ª Ronda de Negociación del TTIP, han quedado cerca de cerrarse algunos temas, como todo lo relacionado con aduanas o con disputas comerciales y legales. Algo similar ocurre con la tecnología sanitaria. La convergencia regulatoria en este caso parece imparable, sobre todo dado que Europa va a adoptar el sistema de clasificación de estos productos que hay en Estados Unidos, con el compromiso de ambas partes de desarrollar e impulsar sistemas de e-health.

Sin embargo, en lo que se refiere a fármacos todavía queda trabajo por delante, aunque hay sintonía entre ambas partes, dado que consideran que, particularmente en lo que a las inspecciones de fábricas de medicamentos y buenas prácticas de producción se refiere, la regulación compartida es necesaria.  Además, hay acuerdo para crear un régimen legal que permita compartir información comercial de carácter confidencial sobre productos que se estén evaluando.

Pero esta armonización se quedaría en poco, a juicio de Bruselas. La Comisión Europea quiere llegar mucho más allá, poniendo como horizonte la convergencia regulatoria en el ámbito de los medicamentos genéricos y biosimilares, y que la documentación y los estudios que se tengan que presentar tanto ante la Food&DrugsAdministration (FDA) como ante su homóloga en el viejo continente, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), sean los mismos, evitando así que las compañías tengan que duplicar sus esfuerzos y aumentar su inversión económica para cumplir con los requisitos de ambos territorios. De hecho, se ha publicado un anexo al TTIP sobre fármacos que recoge esta voluntad.

Sin embargo, la Casa Blanca no parece estar por la labor. Documentos filtrados por Greenpeace indican que la propia FDA descarta y no muestra interés en trabajar UE, al menos en materia de genéricos.

De hecho, es precisamente esta falta de transparencia la que está generando las desconfianzas tanto de la población civil como de varias asociaciones profesionales. Este es el caso de la Organización Médica Colegial (OMC). “No nos oponemos al libre comercio ni a la creación de empleo y progreso para pymes y usuarios entre continentes o países, pero sí exigimos un debate público informado con total transparencia y protección de servicios públicos esenciales y de los derechos de usuarios y consumidores”, indican desde la institución, que también carga contra el sistema de arbitraje creado dentro del marco del TTIP.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.

El acuerdo en materia de fármacos tampoco se libra del látigo de los médicos. “Es precisa una revisión profunda de las normativas referentes a la protección de patentes. Preocupa especialmente en ese apartado la vinculación de los gobiernos con las políticas de los tratados comerciales para concesiones adicionales a las compañías farmacéuticas por cambios introducidos en los medicamentos existentes”, indican desde la institución.

A esta postura también se adhieren otros colectivos, como la Federación Española de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional (Ifmsa-Spain), que considera que la aprobación del TTIP podría conllevar un empeoramiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que “permitirá la llegada de medicamentos estadounidenses que no pasarían los controles europeos o españoles, por lo que se pondría en riesgo la salud del paciente”, apunta David Fernández Morales, presidente del grupo.

Podría decirse que estas son opiniones aisladas, pero no es así. Una corriente de TTIP-escepticismo recorre las instituciones europeas. Durante los primeros debates sobre el tratado en el Parlamento Europeo, los discursos de muchos de miembros tenían, y tienen, entre sus argumentos la necesidad de proteger y defender la sanidad y la salud pública (que también está en juego, debido a los posibles cambios en determinadas legislaciones en agricultura y ganadería, así como de protección del consumidor). Y la ciudadanía tampoco se cree que sus sistemas sanitarios vayan a estar libre de los efectos del ‘temido’ tratado comercial, tal y como reveló una consulta pública celebrada por la Comisión Europea  el año pasado.

Mientras, el futuro del TTIP, aunque parece que su resolución está cerca, es incierto. En noviembre se conocerá la identidad del nuevo presidente de Estados Unidos:  Hillary Clinton o Donald Trump, y quien sea tendrá la última palabra sobre la resolución del tratado. Por su parte, la Unión Europea se enfrenta a su propia tormenta política con la ‘independencia’ del Reino Unido, tras la victoria del ‘Brexit’ en el referéndum. ¿Cumplirán los negociadores su promesa de que la sanidad no se verá afectada o se harán realidad los oscuros vaticinios del escepticimo en el viejo continente?  Habrá que estar atentos a las filtraciones al respecto.