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A día de hoy, cualquier ciudadano puede acercarse a una de las más de 22.000 oficinas de farmacia que pueblan la geografía española y comprar (con receta, claro) una de las múltiples presentaciones que hay de amoxicilina por menos de dos euros, uno de los importes más bajos de Europa. Sin embargo, esta habitual escena corre el peligro de desaparecer. La continua reducción de precios que ha sufrido el medicamento en los últimos años sumada al incremento de determinados costes ha puesto al borde del precipicio la existencia en el mercado nacional de varios fármacos costo-eficaces y considerados ‘esenciales’ por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la citada.
Y es que gran parte del peso de la sostenibilidad de la sanidad pública descansa en el gasto farmacéutico. En los últimos años, durante la crisis y después de ella, las Administraciones Públicas han puesto en marcha medidas que han supuesto severos recortes en esta partida, reduciéndola más de un 25 por ciento entre 2010 y 2015.
Esta profunda reducción se logrado mediante varias vías, como la aplicación de medidas sobre el consumo (como el copago farmacéutico) y la retirada de productos de la financiación pública. Con todo, la que más peso financiero ha conllevado ha sido una reducción de precios continua e intensa, como demuestra el que el gasto medio por prescripción haya caído un 19,3 por ciento. Circunstancia que, entre otras consecuencias, ha provocado que muchos productos lleguen al mercado a precio de coste, o incluso por debajo.
Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda.
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“La erosión de precios que ha habido en los últimos años ha puesto a algunos fármacos en un umbral de rentabilidad realmente preocupante”, advierte Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg. “Es tan alarmante que algunos productores se plantean si podrán continuar fabricándolos”.
Pero el cariz del problema va más allá de una pérdida de beneficios en la industria del medicamento. “Hay grandes productores de estos fármacos que son nacionales. Pero si el umbral de rentabilidad se ha rebasado y estos se plantean dejar de fabricar, ¿en manos de quién quedan? En las de las multinacionales, que no van a asegurar el abastecimiento en un país como España debido a que pueden tener otras prioridades generadas por acuerdos previos con otros estados”. Un problema de abastecimiento que conduciría, además, al retorno a ciertas complicaciones financieras. “Los productos de los que hablamos son costo-eficientes, tanto para el sistema como para el ciudadano, y su desaparición conllevaría que fueran sustituidos por otros similares, pero de precio más elevado y puede que no tan efectivos dependiendo de la indicación”.
Rodríguez de la Cuerda afirma que “hay que tomar una decisión política respecto a esta situación”, que, según él, “pasa por sacar estos productos del sistema de precios de referencia y que se les ponga uno fijo, que no pueda bajar cada año, como pasa ahora”.
De hecho, asegura que esta idea se propuso para los cambios normativos que se aprobaron sobre la bocina en la última legislatura, pero no salió adelante. Pero no culpa de ello al departamento que por entonces dirigía Alfonso Alonso. “El Ministerio de Sanidad está sensibilizado respecto a esta cuestión. El problema puede estar en otros departamentos más económicos o financieros”.
Antibióticos a mitad de precio
El principal foco del problema está en los antibióticos, que se han convertido en el ‘chollo’ del mercado, por así decirlo. Desde la implantación de las nuevas medidas de política farmacéutica con la crisis financiera, estos fármacos han sufrido reducciones de precios que han llevado a que a día de hoy su importe sea un 50 por ciento inferior.
¿Cómo se ha producido este fenómeno? Particularmente, gracias a la puesta en marcha de la orden ministerial de prescripción y dispensación de medicamentos de precio más bajo, que permite que las compañías oferten precios progresivamente más reducidos, de manera que se puedan quedar con el mercado de un producto concreto como ‘premio’ (puesto que la farmacia ha de dispensar el fármaco de precio más bajo). “Esto abrió la puerta a que varios laboratorios oportunistas incrementaran de forma lícita sus ventas, que hasta entonces eran residuales, y que aprovecharan la situación. Bastaba con reducir su precio unos céntimos en los formatos de medicamentos que tenían para colocarse en el primer lugar en el orden de prescripción y de dispensación”, lamenta Antonio Ballesteros, director general de Reig Jofré.
Antonio Ballesteros.
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Para el responsable de la compañía catalana, entre cuyos principales activos se encuentra la fabricación de antibióticos, la consecuencia fue clara: “el medicamento entró en bucle”, un bucle que forzaba al resto de los laboratorios a seguir el camino de la reducción de precios para evitar salir del reembolso. “Cuando el laboratorio oportunista ve que no hay negocio, se marcha y deja todo el mercado deprimido”.
Pero el problema del bajo precio de los antibióticos no es solo español, sino también europeo. Esta es la principal razón por la que quedan escasos fabricantes en el viejo continente que produzcan principio activo de estos productos, lo cual deja en manos de empresas de fuera de la UE esta materia prima, principalmente de la India y de China.
De hecho, fuentes de la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (Efpia) reconocen que ha habido problemas de suministro de principio activo en varios antibióticos, aunque no les concede importancia. En cambio, Ballesteros advierte de que la situación es bastante más extrema: “Invito a encontrar suministradores de materia prima debidamente autorizados por las agencias europeas en los casos en los que ha habido problemas de suministro en el mercado español. O también a buscar fabricantes farmacéuticos mundiales, debidamente cualificados y serializados, que quieran atender la demanda de España”, alerta Ballesteros.
Entre los productos que se han encontrado o se encuentran en esta situación, puntualiza, están la penicilina G, la penicilina G benzatina, la Penicilina G procaína, la penicilian V benzatina, la amoxicilina-clavulánico en presentación inyectable, la teicoplanina, la vancomizina ceftazidima y la estreptomicina. “Si el fabricante no ve rentabilidad a sus esfuerzos puede dejar de fabricar estos principios activos para producir otros más rentables, fabricar por campañas sin importar la demanda o subir el precio. De esta manera, si la demanda por razones de epidemiología crece por encima de las expectativas, venderá la necesidad extra allá donde tiene un precio más alto y garantizará así el desabastecimiento en el resto de los países justo cuando más se necesita”.
objeto de batalla ministerial
TA pesar de que el Ministerio de Sanidad está comprometido con la situación se ha generado alrededor de los medicamentos de precio bajo y escasa viabilidad económica (algo que se reconoce desde la industria farmacéutica), esta preocupación no es compartida por otros miembros de las Administraciones Públicas. De hecho, fue la causa de un intenso pulso entre el departamento que ahora dirige Dolors Montserrat y la Oficina Económica del Gobierno el año pasado.
El objeto de discusión fueron los precios ponderados, una fórmula creada para que el mercado español no quede desabastecido de determinados fármacos de muy bajo coste considerados esenciales, de manera que el importe de estos productos se decide 'al alza' para que sea rentable para los laboratorios comercializarlos (una medida a todas luces insuficiente, según la industria). Pero la visión del equipo dirigido por entonces por Álvaro Nadal (ahora ascendido a ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital), era la de que estos productos se podían exprimir todavía más. Finalmente, Sanidad se salió con la suya en esa ocasión, pero está por ver que esta situación se pueda mantener en la legislatura que ahora comienza.
Otro clavo
El último clavo al ataúd de los medicamentos de bajo precio y alto rendimiento terapéutico puede ser la puesta en marcha del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem), que llega obligado por la aplicación de los cambios requeridos en la directiva europea de medicamentos falsificados. Esta estructura, sumada a los necesarios cambios en las infraestructuras de fabricación y producción de los laboratorios, costará a las compañías unos 200 millones de euros, más un millón anual de media para su mantenimiento. Eugeni Sedano, vocal de Industria del Consejo General y director de Relaciones Institucionales de Esteve, ya ha alertado de la situación que puede generar esta inversión: “Compañías nacionales con medicamentos muy antiguos, que tienen precios muy bajos, tendrán problemas para incorporar estos costes”.
Ha recordado que “los laboratorios podrían dejar de fabricarlos, dejando a los pacientes sin ellos” y ha planteado que las autoridades correspondientes “exoneren” de pagar el coste de la barrera contra falsificados en el caso de este tipo de fármacos, “con precios ridículos. Son tan bajos que nadie va a falsificarlos”. Por su parte, Farmaindustria reconoce desconocer qué productos se pueden hallar en esta situación y cuántos laboratorios podrían estar afectados, razón por la que ha puesto en marcha un estudio para analizar la situación.
Sin embargo, ninguna autoridad pública ha anunciado medidas contra esta espada de Damocles que pende sobre la prestación farmacéutica española (y europea), aunque sí que hay recortes en el gasto farmacéuticos previstos por valor de 550 millones de euros en 2017. ¿Pondrá el equipo de Dolors Montserrat el foco en este amenaza de largo recorrido que se puede acabar convirtiendo en un problema de salud pública? Tiene cuatro años para ello.
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