El abogado de la talidomida que vive su 'Jardinero Fiel' contra Grünenthal

Cuando hace siete años la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) contactó con Ignacio Martínez, él solo conocía de oídas el caso de la talidomida y su impacto en España. Ahora, con 49 años y tras haber recorrido todas las instancias judiciales para pedir una compensación a los afectados de Grünenthal, se considera un experto, aunque reconoce su decepción por las sentencias y lo que considera "falta de justicia" hacia las víctimas.

Martínez es un abogado de daños especializado en derecho sanitario y que trata casos de negligencias médicas y efectos perjudiciales de medicamentos. En la página web de su despacho, Ignacio Martínez Abogados, define su filosofía: "Estamos preparados para respetar la ley, pero sobre todo para ganar su caso".

En esta presentación también se identifica como abogado de Avite y sitúa como uno de los hitos el haber conseguido que en 2013 un Jurado de Primera Instancia de Madrid condenara a Grünenthal a indemnizar a las víctimas españolas de su fármaco. La página no recoge el periplo judicial posterior que ha terminado con anular esta sentencia y dejar sin compensación por parte de la farmacéutica a las víctimas de Grünenthal, a las que solo les queda que se resuelva por la vía política y que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluyan una partida con indemnizaciones.

Este abogado murciano ya tenía experiencia con reclamaciones por daños de fármacos, pero "nada de esta magnitud, con tantos afectados y daños tan graves", como explica Martínez a LA REVISTA de Redacción Médica. Se calcula que en España hay unos 500 afectados por este fármaco que calmaba las náuseas de las mujeres embarazadas y que provocó malformaciones en los bebés que esperaban. Las más visibles son las de extremidades reducidas y atrofiadas, pero sufren también daños internos en hígado, riñónes y pulmones.

Cuando Avite decidió contratarle, él calculó que el caso durara siete años y pidió una minuta de 10.000 euros si se llegaba al final del proceso, más una comisión en el caso de ganarlo. "Clavé el tiempo que iba a durar, aunque no tenía ni idea de la cantidad de información que había que analizar", reconoce.

En ese punto de partida, la mayor sorpresa para Martínez fue que "nadie había investigado" el caso de la talidomida en España. "Todo empieza porque en los años 80, José Riquelme [presidente de Avite], comienza a preocuparse por su caso y a investigar por libre", recuerda. Sobre ese tiempo, Martínez dice que tenía la sensación de que era un reto enorme. No le resta épica: "La historia estaba llamando a mi puerta y yo no podía darle la espalda".

Decepciones judiciales

Poco después de contratarle, llegó la primera, aunque efímera, victoria judicial. En 2013, un juzgado de Madrid condenó a la farmacéutica alemana a pagar indemnizaciones millonarias a los afectados españoles. Grüntenthal recurrió y empezaron a sucederse las decepciones en forma de prescripción del delito en todas las instancias. La última, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que desestimó en julio de este año la demanda contra España que había presentado Avite por considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.

Para Martínez el caso es un ejemplo de la falta de independencia en el ámbito judicial: "El jurado de primera instancia es más libre porque no tiene en cuenta poderes superiores, pero cuando subes a la Audiencia Provincial, eso está manejado por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez está controlado por los políticos, y del Tribunal Supremo ni hablamos".

Considera que la prescripción del delito es "una barbaridad jurídica" que no se sostiene. Para argumentarlo se agarra al artículo 1969 del Código Civil, que recoge que el tiempo para la prescripción empezará a contar "desde el día en que pudieron ejercitarse" las acciones legales. "Los tribunales no especifican ni la fecha en que consideran que hay que empezar a contar: unos apuntan a la mayoría de edad y otros al nacimiento, pero ni siquiera eso concretan", dice Martínez, que añade: "Eso es una estupidez porque en la España franquista no había elementos para demandar".

Tanto la Organización Médica Colegial como el Consejo General de la Abogacía han emitido informes en los que consideran que la prescripción no se sostiene técnicamente. "Es imposible que nadie pudiese demandar antes porque no había pruebas, ni siquiera había certezas de la distribución de la talidomida en España", explica el abogado.

Solución política

Aunque no da más detalles, y con el caso agotado en todas las instancias judiciales, el abogado dice que todavía hay opciones: "Mi trabajo no ha concluido y he aprendido que la vida siempre te puede dar sorpresas". Sí que ve con optimismo la vía política y el mecanismo que ha establecido el Ministerio de Sanidad para crear un registro, identificar a las víctimas e indemnizarlas mediante pensiones. "El tremendo fiasco o injusticia judicial sí que tiene una parte útil y es que sin una cosa no vendría la otra y algo van a sacar aunque sea poco, aunque sea tarde y aunque sea mal", dice.

Siete años después de asumir el caso, Martínez reconoce que no le ha salido a cuenta en lo económico, que 10.000 euros han sido pocos: "He tenido más costes que ingresos". Cuando lo asumió, pensó que podría resolverse de manera positiva por los afectados y, por lo tanto, que él podría cobrar su comisión correspondiente.

En lo personal dice no sentirse frustrado porque pasa página, pero sí admite que "ha sido muy duro porque la respuesta no está fundada en derecho". Para él, aunque la prescripción estuviera justificada no es justa porque "no se ha aplicado bien el derecho y se ha hecho de forma consciente para favorecer al poderoso".

Antes de la talidomida nunca imaginaba que podría vivir un proceso de estas dimensiones. Un caso que compara con películas como El jardinero fiel: "En el cine es una cosa, pero cuando lo vives en tus carnes te entra rabia y angustia porque ves a mucha gente afectada y empiezas a comprender lo fea que es la naturaleza humana".