José Riquelme y Rafael Basterrechea, ambos de Avite.
Una de cal y otra de arena para las víctimas de la
talidomida en las últimas semanas. A pesar de que sus
reclamaciones económicas están lejos de quedar satisfechas (el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 destina
solo 20 millones de euros),
el registro nacional de afectados (que se empleará para repartir las indemnizaciones) funciona a plena potencia. Según fuentes de la
Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) ya hay inscritos en él unas
370 personas. Sin embargo, este colectivo espera que las inscripciones, cuando se cierre el susodicho registro,
superen las 500. Habrá que ver si, para entonces, mejora la oferta económica de las Administraciones Públicas o se ha logrado que
Grünenthal responda por los daños causados por su medicamento…
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