Jorge Gallardo (izq) y Antonio Gallardo.
La familia Gallardo debe de estar intranquila después de conocer que
el Tribunal Constitucional haya anulado la amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro, al considerar que se usó indebidamente la vía urgente para aprobar un decreto-ley de estas características en 2012. Tanto
Jorge como
Antonio Gallardo deben de estarlo porque son accionistas mayoristarios de dos de las compañías que se acogieron en su momento a la medida de Hacienda, convirtiéndose así en, probablamente, las únicas relacionadas con el sector sanitario en hacerlo. En concreto, los hermanos pagaron 2,7 millones de euros a Hacienda por tener ocultos 113 millones que guardaban en Suiza (lo que
supone apenas un 2,4 por ciento del total,
según ‘Los papeles de la Castellana’). Aunque el dictamen judicial sostiene que “en aras de la seguridad jurídica, la norma no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que aprovecharon la amnistía” (
por lo que las ‘cuentas opacas’ de los Gallardo podrían no ver la luz), esta sentencia supone
un importante varapalo para la imagen de los mandatarios...
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