Redacción. Valencia
El sindicato UGT-PV ha anunciado este miércoles que denunciará ante el Síndic de Greuges, José Cholbi, los efectos del copago de los medicamentos sobre los discapacitados y ha subrayado que, además de la queja, solicitará el amparo para que la Generalitat "reconsidere la situación" y derogue las medidas recogidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para que las personas con discapacidad puedan seguir disfrutando de ese derecho a las prestaciones farmacéuticas gratuitas.

Pepa Llorca, secretaria de Política Social de UGT.

Según ha destacado el sindicato en un comunicado, el artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad garantizaba el derecho a las prestaciones farmacéuticas gratuitas, además del catálogo ortoprotésico y de ayudas técnicas para los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, una prestación extensible a los mayores de 18 años diagnosticados con un grado de minusvalía igual o superior al 6 por ciento.

Sin embargo, ha recalcado que desde el 1 de enero de 2013, a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat valenciana, se suprime ese artículo y se ha dejado sin ese derecho a la prestación farmacéutica gratuita a todas las personas que sean reconocidas, a partir de ahora, como personas con discapacidad en esos grados. Por lo tanto, de acuerdo con el sindicato, "las personas menores de 18 años con un 33 por ciento de minusvalía no tendrán derecho a los medicamentos de manera gratuita y se les cobrará en función de la situación de los progenitores, y en el caso de ser mayor de 18 años, en función de su situación personal".

Ante esta situación, la UGT-PV considera que se da una "clara discriminación" a las personas que sean valoradas y reconocidas con discapacidad a partir de ahora "ya que tendrán que abonar los medicamentos, pudiéndose dar situaciones de que niños con enfermedades crónicas y debido a la situación actual de inseguridad en el trabajo de sus padres, puede llegar a tener dificultades en el pago de la medicación de sus hijos e hijas".

La Secretaria de Política Social del sindicato, Pepa Llorca, considera que "la modificación de este artículo supone una clara discriminación en función de cuando haya sido catalogado como discapacitado o discapacitada". El sindicato considera que el Gobierno autonómico "hace recaer los efectos de la crisis en las personas más vulnerables, pensionistas, parados, personas con discapacidad, que además ya sufren los recortes en la atención a la dependencia y los servicios sociales, que además tienen que asumir el incremento del coste de vida de la luz, teléfono, gas o transporte".

Llombart responde

El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, ha explicado por su parte que la eliminación de la gratuidad de los medicamentos a los discapacitados es una adaptación al Real Decreto del Ministerio de 2012 que "sí o sí" tenían que aplicar, pero ha asegurado que en los casos en que su desarrollo resulte "difícilmente sostenible" mantendrán "una especial sensibilidad" y "tratarán de corregirlo ayudando a estos colectivos".