Justo Herrera, director general de Recursos Humanos y Económicos.
14 jun. 2016 12:45H
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Una Inspección de Trabajo en cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana ha revelado que la sanidad pública de la región tiene 2.523 trabajadores afectados por 8.470 contratos irregulares. Esto se traduce en medio millón de euros de cotizaciones y dos millones de euros de retribuciones defraudadas. Así lo atestigua, según informa el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), la Tesorería General de la Seguridad Social, que ha elevado a definitivas las actas de liquidación de la citada inspección.
En la provincia de Castellón, el total de de contratos irregulares asciende a 1.425, que afectan a 466 trabajadores. En Valencia son 5.584 los registrados, de los que participan 1.602 empleados. Finalmente, en Alicante hay 1.461 contratos irregulares que aquejan a 455 trabajadores. El sindicato, en cualquier caso, confirma a Redacción Médica que la inspección no solo es de sanitarios sino que engloba a todo el personal del sistema sanitario público valenciano.
La mencionada organización sindical afirma que se han detectado mecanismos en los que “se asignan diferentes contratos de la Consejería de Sanidad a un mismo trabajador y se encubre, de esta forma, la continuidad en el tiempo del mismo”. Así, la Administración “fraccionó los contratos en cinco días o días sueltos, dando de baja al trabajador los festivos y fines de semana”; un mecanismo que Simap entiende que se realiza para que el profesional no cotice ni reciba la retribución que marca la ley para festivos y fines de semana. La Consejería, por su parte, ha decidido iniciar un procedimiento judicial contencioso-administrativo contra la resolución de la Tesorería.
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