Sanidad retrasa la defensa de Lázaro en el caso del 'dedazo' en La Fe

A "mala fe" y con una estrategia para "retrasar la preparación de la defensa" al entregar sobre la bocina los papeles que le solicitaba la Justicia. Así ha actuado la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana en el caso del “arbitrario” nombramiento de la exsenadora del Partido Socialista de Cataluña (PSC) Mònica Almiñana como gerente del Hospital de La Fe, ha asegurado a Redacción Médica la abogada Carmen Blanco, que defiende a Mayte Lázaro, la candidata al puesto que fue descartada y que inició a finales de 2015 una batalla legal ante lo que considera  un ‘dedazo’ del departamento que encabeza Carmen Montón.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia había pedido a Lázaro que formalizase su demanda, un paso que estaba condicionado a la remisión por parte de la Consejería del expediente del procedimiento por el que se le concedió el cargo a Almiñana. Según ha confirmado a Redacción Médica la abogada de la candidata descartada, ese documento llegó este miércoles, algo que Blanco tilda como un acto de “mala fe” por parte del departamento de Montón debido a que el juicio se celebrará el 21 de marzo, es decir, en apenas mes y medio.

Ese retraso en el envío de los documentos por parte de la Consejería implica la demora en la preparación de la defensa de Lázaro, un caso que, según la letrada, es muy complejo y en el cual es muy difícil establecer cómo se plantea la demanda sin tener el expediente.

En una diligencia de ordenación fechada el 18 de enero, la Justicia reiteró a Sanidad el requerimiento para que hiciese llegar el expediente que motivó el nombramiento de Almiñana en lugar de Lázaro. Además, se estableció una multa coercitiva de 300 a 1.202 euros si no presentaba esta documentación en 20 días (se ha entregado a los 14). La primera vez que el juzgado solicitó esta información fue el pasado mayo y la Consejería, por su parte, señalaba que ya había aportado la documentación requerida.

Mala voluntad

Para Lázaro, la dilación de la Consejería de Sanidad a facilitar esta documentación demuestra la “mala voluntad” de la Administración a la hora de colaborar con la Justicia y su ánimo de ocultación. En una reciente conversación con Redacción Médica, esta médico psiquiatra con experiencia en gestión se ratifica en su opinión de que “el procedimiento estuvo lleno de irregularidades”.

Entre otras razones, Lázaro señala que la comisión de valoración no entrevistó a las candidatas ni tuvo en cuenta su currículum. “No se motiva la resolución, por lo que no podemos saber qué méritos aportó la candidata seleccionada”, añade. En su opinión, estas irregularidades apuntan a que el puesto ya estaba adjudicado de antemano a la exsenadora socialista, que también es médico (con especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria) y cuenta con experiencia de gestión en Catsalut.

“Para esto no hacía falta una convocatoria pública”, se queja la psiquiatra, en cuya opinión, todos los procesos para nombrar altos cargos que han seguido al de La Fe han sido igualmente “arbitrarios”. “Yo no estoy en contra de la libre designación. Pero siempre que libre designación no signifique arbitrariedad y nombrar por afinidad política”, sostiene.