El Hospital de La Ribera.
28 nov. 2017 11:40H
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana acaba de sentar un precedente terrible para la plantilla de La Ribera -que pasará a formar parte de nuevo del sistema público el próximo mes de abril-, después de la comunicación oficial a 89 farmacéuticos de que van a perder sus puestos de trabajo por su condición de personal "a extinguir", una situación análoga a la que tendrán los empleados del hospital de Alzira en cinco meses, tal y como ha podido saber Redacción Médica.
Se trata de un discurso paradójico por parte de Sanidad, ya que en la última reunión mantenida con los sindicatos y el comité de empresa de La Ribera en ningún momento se manifestó intención alguna de amortizar las plazas de los empleados cuando éstos pasen al sistema público. Algo que contrasta con el cese de los 89 farmacéuticos, quienes a pesar de ser titulares de sus puestos, están en situación de "vacantes sin reserva" de unas plazas "declaradas a amortizar en la RPT".
Los farmacéuticos permanecen en esta situación desde hace nueve años, pues desde 2008 sus puestos se declararon "a extinguir" y ahora, a través de una carta, se les anuncia que salen a concurso y, por lo tanto y que van a cesar en su actividad.
En el artículo 4 del Decreto 75/2008 se especifica que, "con la declaración a extinguir de los puestos de farmacéutico titular [...] la extinción de los puestos de trabajo se producirá por amortización únicamente de aquellos que se encuentren vacantes. Se procederá a amortizar los puestos de trabajo que vinieran siendo desempeñados por funcionarios de carrera con destino definitivo en cuanto queden vacantes. Los puestos vacantes desempeñados por funcionarios de carrera con nombramiento provisional no se amortizarán hasta que por cualquier causa cese la situación de activo del funcionario sobre el puesto".
En este sentido, los farmacéuticos consideran que la amortización de sus puestos de trabajo es contraria al decreto e, incluso, se acogen a la Ley 4/2005 de la Generalitat Valenciana en la que se especifica que se declaran a extinguir "las plazas de los farmacéuticos titulares al servicio de la sanidad local transferidas a la Generalitat [...] y continuarán ejerciendo sus funciones de salud pública mientras permanezcan en sus destinos actuales".
Por su parte, la cláusula para la amortización de las plazas incluida por Sanidad en la Ley de Acompañamiento especifica que también podrá llevarse a cabo "por cualquier otra causa legal". Algo que abre la puerta a una Oferta Pública de Empleo (OPE) para el reemplazo de la plantilla de La Ribera. Eso sí, la consejería que dirige Carmen Montón niega este extremo.
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