Ribera Salud desmiente haber recibido 26 millones de la Generalitat

Ribera Salud desmiente totalmente que haya recibido un pago de 26 millones de euros por 'lucro cesante' en 2002 por parte de la Generalitat Valenciana, ante la denuncia presentada por Compromís ante el Tribunal de Cuentas, que ha sido aceptada.

En su comunicado, Ribera Salud ha destacado que "ya no existe Ribera Salud UTE" desde 2003 y que un año antes, el Gobierno valenciano decidió implantar un modelo integral de Atención Primaria y Especializada en el área de La Ribera y sacó un concurso en toda la comunidad.

"En La Ribera funcionaba el modelo de concesión administrativa desde 1999 solo para la gestión del Hospital y no podía quedarse al margen de este cambio integral. Por esta razón se resolvió el contrato inicial por mutuo acuerdo para sacar un nuevo concurso que incorporara la gestión de la Atención Primaria y que Alzira no quedara fuera de ese nuevo modelo", esgrimen desde Ribera Salud.

Con el objetivo de resolver la concesión de mutuo acuerdo había que "incluir un pago al concesionario por la inversión más el lucro cesante por no poder cumplir el plan". Por ello, "se hizo una auditoría por parte de la Generalitat Valenciana, que está documentado y cuenta con todo el respaldo legal".

La auditoría de la Generalitat fijó en 69 millones el importe a abonar al concesionario, "pero nunca pero nunca se produjo salida alguna de fondos públicos" porque "el pliego de condiciones del nuevo concurso incluía como obligación del nuevo concesionario, pagar una aportación inicial de 72 millones de euros".

El nuevo concurso fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Ribera Salud II UTE. Sin embargo, "no solo no se produjo nunca ningún pago a la concesionaria, sino que por esta operación la Generalitat Valenciana obtuvo 3 millones de euros porque el canon que fijó en el nuevo concurso superaba la indemnización fijada en el rescate".

Por último, han destacado que: "Toda esta información está respaldada por la documentación oficial correspondiente y cuenta con todo el respaldo legal. Nos sorprende que 17 años después sea denunciado por un partido político que pertenece a un gobierno que tiene acceso a toda esta documentación en su Consejería de Sanidad".