Ribera Salud alerta a Sanidad de que es ilegal no aprobar las liquidaciones

Ribera Salud lo tiene claro: la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana está “incumpliendo” su deber de aprobar las liquidaciones anuales entre Administración y concesionaria y está incurriendo en un “comportamiento ilegal” contrario al contrato suscrito por ambas partes. Por ello, al no aparecer este asunto en el orden del día de las diferentes comisiones mixtas que están teniendo lugar estos días, es la segunda vez que el grupo se levanta de las reuniones.

Primero lo hizo hace unas semanas, durante el encuentro mantenido en el Hospital de La Ribera, y ahora en el de Elche. Según el documento que ha tenido acceso Redacción Médica, el grupo explica las razones que le han llevado, en ambos casos, a irse de la comisión mixta. Según esta información, la concesionaria “ha solicitado de forma reiterada que se convoque la comisión mixta para abordar cuestiones que resulta necesario tratar en su seno” (entre ellas, la liquidaciones anuales pendientes de aprobación entre los años 2013 a 2016).

Es competencia de la comisión mixta, según Ribera Salud

Ribera Salud apela hacerlo en este tipo de reuniones porque, según alega, “la comisión mixta de seguimiento es el órgano competente para tratar, acordar y aprobar las liquidaciones anuales, por tener asignadas facultades expresas relacionadas con la facturación”. Sin embargo, como manifiesta, Sanidad no ha atendido su solicitud de incluir este punto en el orden del día de la reunión del 11 de julio.

“Con esta actitud, la consejería está vaciando a la comisión mixta de las funciones que legalmente tiene atribuidas y lo está haciendo a sabiendas”, critica. “Todo ello, a pesar de las múltiples ocasiones en que la concesionaria ha solicitado a la consejería que convoque la comisión mixta y que aprobara en su seno las liquidaciones pendientes de aprobación”.

En su escrito, Ribera Salud va más allá y explica que esta falta de aprobación puede provocar dos situaciones que no convendrían a ninguna de las dos partes. Por un lado, si existen saldos pendientes a favor de la Generalitat existiría una cantidad económica que, debiendo estar en las cuentas públicas está en las cuentas de la concesionaria, “con el perjuicio que ello supone para el interés general”. En el caso contrario, existiría una cantidad económica que, debiendo estar en las cuentas de la concesionaria está en las cuentas públicas, con “enriquecimiento injusto que ello supone”, manifiesta.