Los consejeros de Sanidad y Educación, Carmen Montón y Vicent Marzà.
La
reorganización de las prácticas clínicas aprobada por la Comunidad Valenciana y que establece que los alumnos de universidades privadas que inicien sus estudios a partir del curso 2016-2017
no podrán hacer las prácticas en hospitales públicos abre una
situación inédita para los estudiantes de la privada. Además, la judicialización a la que han recurrido las dos universidades privadas da pie a
casos no previstos inicialmente por el Gobierno regional.
Según las nuevas instrucciones diseñadas por las consejerías de Sanidad y Educación, las universidades afectadas, la
Universidad Católica y la
Universidad CEU Cardenal Herrera, deberán llegar a un acuerdo con las facultades públicas en el caso de que quieran que sus alumnos hagan prácticas en la pública. Sin embargo, ambas universidades
han recurrido la orden y la admisión de sus demandas abre al menos una
nueva posibilidad para las prácticas públicas para alumnos de la privada.
Tal y como adelantó a Redacción Médica Juan Eduardo Santón, vicerrector de la Universidad Católica de Valencia, el “plan B” de la institución si la Generalitat no atendía a las alegaciones presentadas, incluía “
emprender las medidas judiciales que sean necesarias para hacer respetar este derecho de los estudiantes”.
Medidas cautelares
La Universidad Católica de Valencia llevó la organización
ante los tribunales en julio y, aunque estos aún
no se han pronunciado sobre el fondo del asunto, la admisión a trámite de su escrito
ha venido acompañada de la imposición de medidas cautelares. Esto significa que a sus alumnos que se matriculen en este curso
podrán realizar prácticas en la pública, pues las órdenes recurridas no serán vigentes para ellos.
La otra universidad privada valenciana, el CEU también ha recurrido la medida. Sin embargo, esta institución
no solicitó medidas cautelares, por lo que la tramitación de su demanda por parte de los tribunales no implica que las instrucciones dejen de estar vigentes para sus nuevos alumnos, que sí se verán
afectados por la reordenación desde este mismo curso. Una sentencia judicial podría equiparar su situación a los de la Universidad Católica o cerrar definitivamente la puerta a las prácticas de la privada en la pública.
A estas dos tipologías de estudiantes referidas (los de la Católica y el CEU) se suman
otras dos: los estudiantes de la pública, que pueden seguir haciendo prácticas como hasta ahora y los estudiantes de las ambas universidades privadas matriculados antes de este curso, para los que también sigue abierta la posibilidad de realizar prácticas en los hospitales públicos. Es decir,
hay cuatro posibles casos para los estudiantes valencianos que cursen una carrera sanitaria este curso.
La reorganización de las prácticas clínicas en la Comunidad Valenciana deriva de la aplicación en esta comunidad del
Real Decreto 420/2015 de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Desde la Universidad Católica, Santón pide a la Generalitat que
“rectifique” en el modelo ideado. “Las autoridades de la Comunidad
no pueden otorgar a un grado formativo a una institución y, posteriormente, pedirles que se las apañen para que puedan impartir sus prácticas clínicas”, explica.
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