Montón salpica también al General de Valencia en la trama Gürtel

Después de que el gerente del Hospital Provincial de Castellón haya denunciado este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción un total de 4.713 facturas "irregulares" por valor de 25 millones de euros a empresas del caso Gürtel, la consejera Carmen Montón ha explicado en rueda de prensa que la investigación se va a hacer extensible también al Hospital General de Valencia.

Así lo ha señalado la responsable sanitaria que, centrándose en el centro castellonense, ha señalado que se trata de facturas del servicio de mantenimiento y reparación por un importe superior al fijado en el expediente de contratación o directamente que no cuentan con un expediente, por lo que se presume que se abonaron por trabajos no realizados. Además, no ha descartado que se encuentren más facturas irregulares de épocas anteriores.

Montón ha explicado que estas facturas evidencian "una clara trasgresión" del procedimiento de contratación pública y de la Ley de Hacienda Pública, por lo que se pide a Fiscalía que las investigue por si se detecta la comisión de delitos. Al respecto, ha señalado que las sospechas surgieron cuando los técnicos de la Consejería analizaron las cuentas de 2014 para su aprobación y comenzaron a "tirar del hilo" hasta desenmascarar "esta madeja de 25 millones" de euros. En concreto, se trata de facturas a Piaf por 12 millones superiores a la cantidad que figura en los expedientes y otros 12 millones en los que directamente "no hay expedientes de contratación", 5,5 a Piaf y 6,5 a Telecso.

Piaf es propiedad de Alejandro Pons, que ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el que reconoce que pagó más de 31.000 euros al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para financiar sus campañas electorales. La empresa dejó su actividad cuando comenzó a ser investigada y entonces se constituyó Telecso, propiedad de su hijo.

¿Financiación ilegal del PP?

En la actualidad está vigente un contrato con Telecso de 2015 por unas obras de reforma y traslado de la unidad de extracción por valor de 28.000 euros y otro de 2012, que termina en dos meses y no se va a renovar, de obras de mantenimiento. Además, ha recordado que estas empresas están siendo investigadas por sus trabajos en los Ayuntamientos de Castellón y Villarreal.

Montón no ha querido decir si tiene la sensación de que se trataba de una trama organizada para financiar de formar irregular al PP pero ha señalado que ante la "sospecha" de irregularidades se ha trasladado el caso a Fiscalía. Además, ha apuntado que la revisión de estas facturas se ha realizado en un tiempo "récord" y se han detenido por el momento en 2006, por lo que no descarta que haya más de épocas anteriores.