Más de 20 asociaciones de pacientes se suman al rechazo del DL 2/2013

Manuel Llombart, consejero de Sanidad.

Redacción. Valencia
Más de 20 asociaciones de pacientes, que representan a más de 500.00 personas, han firmado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) un manifiesto en defensa del derecho a la salud de los valencianos y en contra de la discriminación con el resto de ciudadanos españoles, como protesta por el Decreto Ley 2/2013, de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica, “algunos de cuyos artículos pueden ser contrarios a la Constitución y cuya modificación está siendo negociada por una comisión bilateral de los gobiernos Central y Autonómico”, según un comunicado del Micof.

De esta manera, los representantes de los enfermos consideran que se van a verse gravemente afectados por las últimas instrucciones del director general de Farmacia de la Consejería de Sanidad, del que se pide su cese, sobre protocolos de prescripción, preparación, transporte, recepción y administración de jeringas precargadas de metotrexato subcutáneo, antipsicóticos parenterales y extractos hiposensibilizantes, basadas en este decreto de dudosa constitucionalidad, que obligan a que los pacientes se desplacen hasta los centros de salud, muchas veces en otro municipio, cuando hasta ahora los tenían a su disposición en la farmacia comunitaria más cercana a su casa.

En este sentido, Elisa Tórtola, vocal de la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental (ASIEM) afirma que le “parece inaudito que la Consejería se reafirme en que este sistema va a mejorar la adherencia a los tratamientos, cuando es todo lo contrario. Quien ha elaborado esta norma no conoce al enfermo mental, porque cada cambio puede ser un mundo para estas personas”. Y añade: “nadie nos ha preguntado si este modelo sería bueno para nuestros hijos o familiares, pero ya adelanto que nos parece mal. No se ha contado con la opinión de los enfermos afectados”.

Por su parte, Carmen Fondo, Presidenta de la Asociación Valenciana de Afectados por Artritis Reumatoide (AVAAR) denuncia la falta de información: “La verdad es que la información de la que disponemos es la que he recogido yo por mi propio interés, porque no nos han comunicado nada de ningún organismo oficial y somos los afectados, los que vamos a sufrirlo”.

Además, afirma que: “La instrucción tiene muchos inconvenientes para los pacientes, que nos vamos a tener que desplazar al centro de salud, en un momento dado, a una hora determinada. En el caso de que trabajes, no sabes si en la empresa te van a dar permiso. Quizá te la tienes que poner un día y al día siguiente tienes que ir a trabajar, sin encontrarte como deberías. Hasta ahora, era el propio paciente el que se la administraba, en el momento y en la hora que creía más conveniente, estableciendo una rutina, pero ahora todo eso se complica. Nuestra calidad de vida va a cambiar, por supuesto”.

Protestan además porque la Consejería parece tratarlos como menores de edad. “La mayoría de la gente que está utilizando estos medicamentos –añade–, lo hace desde muchos años, porque además es la primera que te administran cuando te detectan artritis reumatoide, y tiene muy claro el tema de la seguridad. Sin embargo, ahora nos asaltan muchas más dudas. Si hay algún error en la dosis puede ser muy grave para el paciente, hasta mortal. Te lo tiene que hacer alguien que sepa, un farmacéutico, pero no una enfermera, a las que también se les causa problemas porque tienen otro trabajo que no es este. Es cierto que puedes firmar un documento diciendo que te haces responsable de la medicación, de la seguridad, etc., pero es que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora sin tener que firmar nada”.

“Lo más grave –finaliza– es el tema de los niños y su intimidad, a la que tenemos derecho. ¿Van a ir un día todos a la misma hora y al mismo sitio? Y ¿Qué pasa si no quieren que otros se enteren de que tienen esa enfermedad?”.

Otro de los colectivos afectados son los enfermos de miastenia. Así, David Navarro, coordinador general de la Asociación de Miastenia de España, solicita que se transmita una queja a la Consejería por los problemas de acceso a sus medicamentos en las farmacias hospitalarias, donde se les están negando alegando que los inmunodepresores no están indicados en la miastenia, sin tener en cuenta el criterio y los informes de los propios neurólogos de los hospitales.

“Esto no está ocurriendo en el resto de las Comunidades Autónomas, solo en esta. Y si se les niegan los fármacos a estos enfermos, tendrán que costeárselos por ellos mismos, lo que es totalmente inviable e irá en detrimento de la salud de los enfermos”.

Apoyo de los farmacéuticos

La presidenta del Micof, María Teresa Guardiola asegura que “el Colegio de Farmacéuticos está haciendo todo lo posible para que se retire o se modifique este decreto y las instrucciones que se han dictado, porque es inconstitucional y porque afectará negativamente de manera muy directa a miles de pacientes en la Comunidad Valenciana, en clara discriminación con el resto de enfermos de otras comunidades. Estas disposiciones están limitando cada vez más la faceta profesional del farmacéutico comunitario y no podemos permitirlo”.

Además Guardiola añade que “no se trata de ninguna medida de ahorro, porque para su puesta en marcha se necesitan unos protocolos, aparataje, personal y logística que va a encarecer más el proceso que su habitual dispensación en las farmacias. Además rompe con la seguridad de la cadena del medicamento y confidencialidad ante los pacientes. ¿Quién será el responsable del medicamento cuando llegue al paciente”.