La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón.
Estrictos
controles para los profesionales sanitarios de Comunidad Valenciana. Según indica
El Mundo, la Consejería de Sanidad autonómica obliga a los facultativos a informar detalladamente si tienen algún tipo de relación económica, personal o familiar, con la
industria farmacéutica o alguna empresa privada por si participan en la toma de decisiones que puedan conllevar un conflicto de intereses con la
administración sanitaria. Una medida que, según explican, ha sido enviada a través de una instrucción, “con tono imperativo”, a todos sus trabajadores con el fin de, según especifica, “evitar que los conflictos de intereses de las personas puedan influir en las decisiones por las diferentes estructuras de la Consejería”.
La nueva normativa obliga a que los trabajadores rellenen un formulario en el que deberán c
oncretar todas las relaciones en la actividad privada, en cursos de formación como docente o en congresos o sociedades científicas por asesoría y si reciben algún tipo de contraprestación
económica, dietas o financiación. Esta declaración de ingresos ajenos a la Administración deberá hacerse sobre los últimos tres años.
Al listado de información solicitada se incluye, además, “los intereses de la persona, sus parejas o parientes cercanos (personales) o los de su departamento, empleador o negocio (no personal)”, que pueden influir potencialmente sobre el trabajador. Incluso se matiza que los intereses pueden ser de carácter económico o no económico y afectar directamente “al profesional que toma la decisión o bien de forma indirecta, a través de un familiar o una persona cercana”.
Esta obligación de relatar toda vinculación con empresas ha generado ya que muchos médicos y enfermeros se planteen dejar las
comisiones y
asociaciones científicas a las que pertenecen. Una circunstancia que, según los sindicatos, va a dejar a la Consejería de Sanidad vacía de talento porque los mejores especialistas dejarán de asesorar en congresos y sociedades científicas, entre otras cuestiones, precisa el diario.
Por si fuera poco, desde
Consejería se quiere conocer al detalle no sólo la relación profesional de cada trabajador, sino si dispone de algún familiar que trabaje para la
industria sanitaria de
forma directa o indirecta. Exige que se describa si el cónyuge, hermanos o hijos reciben un sueldo como empleados o “pagos ocasionales, ya sea en efectivo o en especie, incentivos diferidos o expectativas verosímiles de contratación o promoción”.
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