La Generalitat blinda la personalidad jurídica de sus colegios sanitarios

Javier Barbado. Madrid
La Generalitat no convertirá los colegios profesionales de sanitarios ni de ningún otro ramo ni en asociaciones ni en federaciones porque, en palabras del consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, “no se pueden establecer dentro de la legislación” que regula estas últimas, de modo que preservarán su condición de corporaciones de derecho público.

Serafín Castellano y Máximo Buch.

De este modo, la Consejería citada desdice a la de Economía, Industria, Turismo y Empleo cuyo titular, Máximo Buch, escribió una misiva oficial al secretario de Estado de Economía  del Ministerio homólogo, Fernando Jiménez, que está fechada el 23 de septiembre del año pasado y en la que el político valenciano se muestra partidario de explorar la fórmula de las asociaciones para los colegios profesionales de nueva cuña.

Por su parte, Unión Profesional –que incluye entre sus integrantes a los colegios de médicos y de otras profesiones sanitarias – anunció a principios de la semana que publicaría un manifiesto de rechazo rotundo a la propuesta de Buch. Redacción Médica se ha puesto en contacto con sus responsables y ha confirmado su intención de redactar el escrito, aún por remitir a los medios y que quizá se haga innecesario tras la rectificación de la Generalitat.

Castellano ha dejado claro que “el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y la Generalitat valenciana apoyan la existencia y la labor de los colegios profesionales y así lo trasladarán al Ministerio de Economía, debido al importante trabajo que realizan en nuestro territorio”.

Desde su punto de vista, “no se pueden establecer dentro de la legislación de asociaciones, ya que éstas tienen otra finalidad, sino que se deben mantener como corporaciones de derecho público”, y ha precisado que el Estatuto de Autonomía Valenciano, en su artículo 49.1, reconoce la “competencia exclusiva” de la Generalitat en materia de colegios profesionales, los cuales, ha dicho, “tienen una función social que desde el PP siempre hemos apoyado y vamos a seguir apoyando”.

Castellano ha insistido en la defensa de los colegios profesionales y en la apuesta por estos organismos como “instrumentos eficaces de autoorganización profesional y colaboración público-privada, además del papel que desempeñan como representación de los profesionales”. 

El colegio de médicos de Alicante discrepó de la carta de Buch

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Antonio Arroyo, antes de conocer el comunicado de Gobernación y Justicia, declaró a Redacción Médica que los poderes públicos valencianos no pueden obviar que “todos los colegios son entes de derecho público que tienen una obligación concreta –y más en el caso de los de médicos y otras profesiones sanitarias– de colaborar con las administraciones para que haya un desarrollo eficiente de todas las actividades”. Tal como él lo ve, no existen motivos para que las entidades colegiales interfieran en la labor del gobierno autonómico sino más bien al contrario, e instó a pasar de una mentalidad restrictiva a otra de miras amplias.

“Incluso desde una perspectiva ética, [el colegio] es un órgano garantista que se impone más obligaciones que el propio Gobierno autonómico o, en general, los órganos de una economía de mercado”, ratificó, y atribuyó a “estar a la defensiva” el contenido de la carta de Buch filtrada a la prensa sin que haya razones que, en su opinión, justifiquen esa actitud.

Sin embargo, este periódico trató de ponerse en contacto sin éxito con la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Rosa Fuster, quien no ha declarado su posición sobre este asunto pese a representar al Consejo de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana.

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