Redacción. Valencia
La portavoz del Consejo de Gobierno de la Generalitat valenciana, María José Català, ha afirmado que "en los próximos días" el Gobierno autónomo comunicará si ha "decidido finalmente plantear" un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declara la nulidad de la orden 2/2013 de la Consejería de Sanidad que obligaba al personal sanitario a jubilarse, de manera forzosa, a los 65 años.
María José Catalá.
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Así se ha pronunciado este martes la también consejera de Educación, Cultura y Deporte en declaraciones a los medios tras la firma de un convenio con la editorial Planeta para el fomento de las plataformas digitales en el aula, al ser preguntada por si el Gobierno valenciano se plantea recurrir esta sentencia que estima parcialmente un recurso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) y anula las referencias a la jubilación forzosa dentro el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad.
A este respecto, Català ha apuntado que se está "valorando la posibilidad de interponer el recurso de casación" contra la sentencia y "analizando por parte de la Abogacía de la Generalitat", por lo que "en los próximos días" se comunicará si han "decidido finalmente plantear ese recurso".
Los socialistas piden la comparecencia de Llombart
Precisamente por esta cuestión, el grupo parlamentario socialista en las Corts ha solicitado este martes la comparecencia urgente de Manuel Llombart, consejero de Sanidad, en las Corts para que explique las consecuencias de la anulación de la orden.
Al mismo tiempo, tal como ha señalado el diputado socialista y portavoz de Sanidad, Ignacio Subías, han solicitado la documentación en la que se basaron para tomar esta decisión.
Subías ha indicado en un comunicado que cuando se publicó la orden 2/2013 de la Generalitat, el grupo socialista ya mostró su oposición, mientras que ahora ha sido el TSJCV el que la ha anulado, permitiendo continuar en activo a aquellos profesionales sanitarios que lo deseen más allá de los 65 años.
Esto, tal como ha señalado Subías, "afecta a unos 1.000 profesionales, y reconoce la falta de negociación, puesto que apunta que esta decisión debería haberse tomado en la Mesa Sectorial". Del mismo modo, el texto del TSJCV alude a un informe preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo, inexistente en este caso.
Por este motivo, el diputado socialista ha mostrado su "satisfacción" por esta sentencia, "ya que la orden supuso dolor para muchos y buenos profesionales a los que se obligó a jubilarse cuando estaban en plenas condiciones para seguir prestando sus servicios a la sociedad".
Así, ha remarcado que Sanidad "lo hizo tomando en cuenta únicamente criterios de ahorro económico, pero no sobre la calidad y la cualificación de los profesionales afectados".
Subías, quien ha apuntado que la sentencia todavía es recurrible, ha subrayado que "de mantenerse, obligaría a la readmisión de los profesionales y a pagarle las diferencias económicas en base al sueldo que debieran haber percibido, además de reconocer el derecho de todos aquellos que vayan a cumplir 65 años de permanecer en activo si así lo desean".
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