Juristas afirman que la Generalitat puede asegurar la gratuidad de los fármacos a discapacitados

Manuel Llombart.

Redacción. Valencia
La Facultat de Dret de la Universitat de València, a través de su proyecto Clínica Jurídic,  asegura que la Generalitat Valenciana tiene competencias para garantizar, a través de la legislación autonómica, la gratuidad de las medicinas a las personas con discapacidad.

El dictamen cuestiona la decisión de la Generalitat de eliminar la gratuidad de los productos farmacéuticos y ortoprotésicos para este colectivo, justificada por el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, y por la portavoz de política social del grupo parlamentario popular, María José García, por la necesidad de ajustar la normativa autonómica al Real Decreto Ley 16/2012, que establece un nuevo sistema de aseguramiento sanitario común para todo el Estado.

Por el contrario, el dictamen de la Clínica Jurídica sostiene que la legislación estatal no solo no obliga a modificar la normativa autonómica, sino que, a través de una cláusula, permite que se mantengan aquellas regulaciones que las distintas comunidades autónomas han aprobado para dispensar una especial protección a las personas con discapacidad.

El dictamen es fruto de un encargo del Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV) a la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universitat de València y ha sido elaborado bajo la supervisión del catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social José María Goerlich y del profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política José García Añón.

El Cermi-CV se ha pronunciado en diversas ocasiones contra la derogación del artículo 16.2 de la Ley del Estatuto del Discapacitado hecha por la Generalitat el pasado mes de febrero, pues privaba a los ciudadanos con minusvalías severas del acceso gratuito a los fármacos y productos ortopédicos, una prestación de que gozaban desde 2003. La derogación se produjo sin ningún tipo de aviso ni consulta al sector de la discapacidad, lo que también fue objeto de críticas en su momento por vulnerar las normas que obligan a efectuar tales consultas.

La Generalitat justificó su decisión de eliminar la gratuidad de productos farmacéuticos y ortoprotésicos para estas personas en la necesidad de ajustar la normativa autonómica al Real Decreto Ley 16/2012, que estableció un nuevo sistema de aseguramiento sanitario común para todo el Estado en función del nivel de renta. No obstante, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, abrió la puerta a la reintegración de la gratuidad si el Cermi-CV presentaba un informe jurídico que demostrase la competencia de la Generalitat para hacer tal cosa. El Cermi-CV aceptó la propuesta y encargó el preceptivo dictamen a la Clínica Jurídica de la Facultat de Dret.

Tras dos meses de estudio y análisis del régimen de la sanidad pública, tanto estatal como autonómica, el dictamen de la Clínica Jurídica sostiene de forma contundente la competencia de la Generalitat. En un extenso y pormenorizado trabajo de medio centenar de páginas, el dictamen aporta múltiples argumentos para demostrar la existencia de dicha competencia autonómica, como varias sentencias del Tribunal Constitucional, el mantenimiento de la gratuidad para otros colectivos (como los menores tutelados por la Generalitat o los niños y adolescentes valencianos con alguna discapacidad) o el hecho de que otras comunidades autónomas, como Navarra, el País Vasco y Castilla y León, la recogen en sus leyes y la aplican. Además, el estudio demuestra que, tras el decreto estatal de 2012 y durante varios meses, el Ministerio de Sanidad tuvo conocimiento de la existencia de dicha gratuidad y no la recurrió en ningún momento ni exigió a la Generalitat que la eliminase.

El dictamen sostiene, además, que la supresión decidida por el Consell supone una medida de discriminación indirecta contra el colectivo de las personas con discapacidad que atenta contra el principio de igualdad recogido en la Constitución y agrava la situación personal, familiar y social de estas personas, dificultando su integración al crear barreras insalvables en el acceso a medicinas y productos ortopédicos que son esenciales para desarrollar una vida normal. Los autores del informe han recordado que el sobrecoste que afronta una familia valenciana por el hecho de contar entre sus miembros con una persona con discapacidad supera los 3.000 euros al año, aun contando con las ayudas y prestaciones que recibe del Estado; esa situación de desventaja se ve ahora agravada por la decisión de la Generalitat de someter a las personas con discapacidad al régimen general de copago.

El presidente del Cermi-CV, Juan Planells, ha agradecido el trabajo de los miembros de la Clínica Jurídica y ha afirmado que en los próximos días solicitará una reunión con el conseller de Sanidad para hacerle entrega del informe y demandar el restablecimiento del artículo derogado de la Ley del Estatuto del Discapacitado y garantizar así el acceso gratuito de estas personas a la prestación farmacéutica y ortoprotésica.