El Ministerio “discrepa” sobre el Decreto-ley de Prestaciones Farmacéuticas

María Márquez.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido este martes el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Generalitat. La resolución especifica la necesidad de negociar ante “discrepancias manifestadas” en relación al Decreto-Ley de Prestación Farmacéutica. Se confirman así los rumores que arrastra la norma autonómica desde su fecha de publicación, el pasado mes de marzo.

Manuel Escolano, secretario autonómico de Sanidad, y José Luis Trillo, director general de Farmacia y Productos Sanitarios.

Si bien por parte del Ministerio no han querido adelantar quiénes formarán parte del grupo de trabajo que contempla dicha Comisión, la Consejería de Sanidad confirma que estarán representados los intereses autonómicos por parte del secretario autonómico, Manuel Escolano, y el director general de Farmacia y Productos Sanitarios, José Luis Trillo. Aunque la fecha para el inicio de la negociación no está cerrada, se baraja que comience a finales de este mismo mes.
Desde la entrada en vigor del Decreto de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica, el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, ha insistido en su aval científico y ha rechazado cualquier posible enfrentamiento legal con el Ministerio de Sanidad. En declaraciones a Redacción Médica, Llombart manifestaba hace escasas semanas que no “tenía constancia” de que la norma autonómica hubiese producido “ningún tipo de tensión o dudas” en el Paseo del Prado.

Reticencias ante el algortimo terapéutico

Por otro lado, han sido numerosas las voces que han expresado su malestar de forma especial ante uno de los elementos del Decreto-Ley 2/2013, el algoritmo terapéutico. Seis sociedades científicas (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria;  Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; la Sociedad Valenciana de Cardiología; Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición; Sociedad Valenciana de Medicina Interna; y la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Vascular) enviaban el pasado mes un comunicado de rechazo frontal a la medida ante la “interferencia en la libertad de prescripción del médico”. Días después de la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) enviaba un informe jurídico al Ministerio de Sanidad haciendo hincapié en la inconstitucionalidad del mismo.

También los Colegios de Farmacéuticos de las tres provincias comunicaron a los medios de comunicación sus incertidumbres ante la posible modificación de los conciertos, si bien el diálogo que Sanidad inició inmediatamente con ellos aplacó la tormenta.