El Gobierno pierde 1.300 millones para financiar servicios como la sanidad

Las cuentas públicas de la Comunidad han vuelto a sufrir un varapalo. El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat contra el Fondo de Suficiencia Global incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este 2016. Una decisión que al Gobierno valenciano le supone transferir 1.329.533.560 euros al Estado, echando para atrás el argumento de que el Estado había prorrogado indebidamente el periodo quinquenal previsto para la vigencia del sistema actual de financiación autonómica, lo que afectaba al principio de seguridad jurídica.

Otra de las alegaciones de la Generalitat tenía que ver con el mantenimiento de servicios esenciales como la sanidad, pues consideraba que la financiación que se le adjudicaba ponía en peligro su funcionamiento. Algo a lo que el Constitucional ha contestado que ya se prevén asignaciones extraordinarias en la Constitución para garantizar la viabilidad de estos servicios.

Una situación a la que se suma el acuerdo de no disponibilidad de 78 millones de euros al que ha llegado el Pleno del Consell para tratar de desbloquear 2.500 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Algo que, a priori, no afectará a los servicios públicos esenciales, como la asistencia sanitaria, los fondos para personas con diversidad y mayores, o la supresión del copago farmacéutico. Así, la Consejería de Sanidad, con un 0,19 por ciento de recorte, y la de Educación, con un 0,36, son las menos afectadas por el acuerdo. Contrasta, en cambio, Presidencia, que sufre un ajuste de 4,17 por ciento.

Por otro lado, la semana pasada se conocía que el Gobierno valenciano le debe 150 millones de euros a los hospitales público-privados después de no abonar las facturas desde el 1 de enero. Un aprieto económico que esperan solucionar una vez se desbloquee el FLA.