Los resultados pertenecen a un estudio realizado durante el primer semestre de 2012



28 jul. 2015 19:41H
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Redacción. Valencia
El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana realizó un estudio, durante enero y junio de 2012, sobre la contratación temporal del Hospital doctor Peset, Hospital Clínico y Hospital La Fe, donde descubrió que 72,50 por ciento de las contrataciones fueron sustituciones de personal en situaciones de baja laboral y vacaciones, constituyendo las interinidades en plaza vacante solamente el 1,63 por ciento.

Pedre Plou Lou, presidente del CESM en Valencia.

Para el sindicato la cifra revela claramente el índice de precariedad que ha presidido el modelo de cobertura temporal a lo largo de los últimos años dado que, además, hasta un 23,99 por ciento de las contrataciones lo fueron exclusivamente para cobertura de guardias médicas (a través de un sistema que convierte esta actividad en un trabajo a destajo sin horarios fijos ni derechos laborales homologables). Para realizar este análisis, se tomó en cuenta 2.080 contratos de los 3.414 facultativos presentes en las tres organizaciones.

Otras de las conclusiones es que sólo 51 de tales contrataciones se llevaran a cabo a través de las Listas de Trabajo Temporal (2,45 por ciento del total) mientras que el denominado “bolsín” fue la vía escogida para llevar a cabo las 1.577 contrataciones restantes, el 75,81 por ciento. El estudio también revela que hay un 21,73 por ciento de casos de contratación temporal que se realizaron al margen de la legalidad y “amparados en la impunidad que, hasta el momento, ha venido amparando todas estas actividades ilegítimas”.

El sindicato advierte que el 83,67 por ciento de los contratos han tenido una duración igual o inferior a los tres días, lo que da idea de la baja calidad del trabajo ofertado y de la enorme subdivisión en contratos cortos de lo que en realidad son prestaciones de larga duración que se interrumpen para evitar gastos salariales y cotizaciones sociales reanudándose a los pocos días.

Ante los resultados obtenidos, el sindicato exige que “la nueva administración sanitaria reanude la negociación actualmente inactivada y adopte, en su caso, las correspondientes medidas jurídicas ante cualquier responsable de haber llevado a cabo actuaciones sancionables por vía civil o, eventualmente, penal”.
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