Redacción. Valencia
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) quiere que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas intervenga para solventar los impagos que la Generalitat Valenciana mantiene con el sector de la dependencia de la región, que supera los 100 millones de deuda. Así, ha solicitado una reunión al departamento de Cristóbal Montoro para “abordar el desbloqueo necesario y urgente de las cantidades pendientes de pago”.
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María José Mira, |
Esta deuda se mantiene en varios frentes, según Aerte. Así, la asociación cifra en 44 millones de euros la deuda correspondiente a los servicios públicos de gestión privada. Unos impagos que se remontan a noviembre de 2012. Además, 40 millones corresponderían a los servicios de accesibilidad social y están pendientes de cobro desde hace diez meses.
El resto de la deuda, más de 18 millones, se dividiría a partes iguales entre los impagos que acumulan los bonos-residencias y el resto correspondería a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario integradas en la Federación Lares.
María José Mira, directora de Aerte, ha apuntado que “la situación por la que atraviesan todos los centros y residencias, diez meses seguidos sin cobrar, se hace cada vez más insostenible a medida que la deuda se acumula, por lo que tienen serias dificultades para pagar no sólo a sus profesionales , más de 14.000, sino para poder seguir desarrollando unos servicios de asistencia de calidad a más de 22.000 personas dependientes en la Comunidad Valenciana, en su mayoría mayores y discapacitados.
La directora de Aerte ha subrayado asimismo que “hay que tener en cuenta además, que muchos centros están pagando altos intereses a las entidades bancarias a las que, por falta de financiación de la administración, han tenido que pedir prestado, haciendo así mas insostenible su situación. Raro es el día que no contacta algún asociado con nosotros por problemas de embargos o sanciones de hacienda”.
Por otra parte, Aerte ha denunciado que la situación del cobro en el sector de la dependencia es “especialmente grave en la Comunidad Valenciana”, donde el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior a la media. Esto, unido a que no se ha abonado la deuda integrada en la primera fase del plan de pagos a proveedores, junto al aplazamiento del pago de otra parte de la deuda establecida para la segunda fase de dicho plan, hace que la situación para muchas residencias y sus dependientes sea asfixiante. En este sentido, Mira ha señalado que “la administración central no puede dar la espalda a la Comunidad Valenciana, más aún cuando nuestras empresas han sido un referente a seguir por otras comunidades en distintos modelos de colaboración sociosanitaria con la administración”.