Cristina Mouriño. Madrid
La Rioja ha sido la última comunidad en blindar las competencias locales en materia sanitaria y de servicios sociales. Sigue el camino abierto por Andalucía, País Vasco, Galicia y Castilla y León que han rechazado asumir las competencias locales, tal y como establece la Ley 27/2013 de racionalización de la Administración Local, promovida por el Ministerio de Hacienda.
Pedro Sanz.
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Andalucía publicó el pasado 20 de mayo un decreto ley que cuenta con el dictamen del Consejo Andaluz de Concertación Local y que hará prevalecer la normativa autonómica hasta que se resuelva el recurso presentado por la Junta ante el Tribunal Constitucional contra la ley de reforma local.
En el caso de País Vasco, el Ejecutivo Íñigo Urkullu avanza en la elaboración de una norma con la Asociación de Municipios Vascos que diseñará un régimen local vasco “propio y diferenciado del general” y con espacios de autonomía “mucho más amplios” que en el resto del Estado.
Por su parte Galicia dio luz verde en marzo al proyecto de ley de medidas urgentes de administración local, que trata de “resolver las dudas” que plantea la reciente norma nacional y adaptarla a las peculiaridades de Galicia. En esta misma línea y también en el mes de marzo Castilla y León autorizó un decreto ley para “garantizar la continuidad de los servicios públicos”, en los 2.248 Ayuntamientos y más de 2.000 entidades locales menores de su territorio y evitar “resultados indeseables o disfuncionalidades en la prestación de servicios públicos”, según ha señalado la Junta.
El Gobierno que preside Pedro Sanz ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja la Ley 2/2014 de medidas para la garantía y la continuidad de los servicios públicos que persigue recoger y dar continuidad al ejercicio de competencias atribuidas a las entidades locales.
La norma riojana establece que las competencias que, con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, se preveían como propias de los municipios en materia de participación en la gestión de la Atención Primaria e inspección sanitaria, en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social, continuarán siendo ejercidas por los municipios.
El departamento que encabeza Cristobal Montoro espera solucionar a través de una comisión bilateral que evite que el Gobierno central tenga que recurrir las normas que han ido publicando las diferentes autonomías.
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