Enfermería exige que se informe también a los médicos sobre el RD de prescripción enfermera

Redacción. Logroño
El Colegio y el Sindicato de Enfermería Satse ha exigido a la Consejería de Salud a que emita también instrucciones a los médicos en relación a la aplicación del Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Según argumentan, se está dando la paradoja de que sólo se están dirigiendo a estos profesionales y no al resto de la comunidad sanitaria.

Pedro Vidal, presidente del Colegio de Enfermeros.

Se trata de una de las peticiones más reiteradas por parte de los propios enfermeros en las jornadas de responsabilidad profesional que se están celebrando en centros sanitarios de todo el país desde el pasado mes de enero, y cuyo objetivo es informar sobre las graves repercusiones que tiene el Real Decreto aprobado por Gobierno, tanto para los enfermeros y médicos como para los pacientes y usuarios.

“No se entiende que el servicio de salud esté difundiendo sólo entre los enfermeros escritos sobre lo que, a su juicio, hay que hacer tras la entrada en vigor del RD, y no hagan lo propio con los médicos, cuando se trata de una norma que afecta a la sanidad en su conjunto y que también modifica la forma de trabajo que venían llevando a cabo estos profesionales", han afirmado en un comunicado desde el Colegio y Satse.

La Rioja no aplica la nueva norma y afirma que sus protocolos son “válidos”

Los enfermeros también han mostrado su “disconformidad” con la manera de proceder del Gobierno de La Rioja, que está asegurando a sus profesionales enfermeros que pueden seguir actuando como venían haciéndolo antes de la entrada en vigor de la norma, ya que esta no es aplicable en su territorio argumentando razones "no ajustadas a derecho como que los protocolos y guías de la práctica clínica y asistencial existentes siguen siendo válidos".

Los enfermeros han recordado que el Real Decreto de Prescripción Enfermera es una norma básica estatal, por lo que es de obligado cumplimiento por parte de las administraciones y profesionales sanitarios afectados.