Salud no concederá tarjetas sanitarias a todos los inmigrantes, pero seguirá atendiéndolos

El consejero de Salud, Jon Darpón

El pasado 5 de diciembre, el Parlamento autonómico, con el voto a favor de EH Bildu, el PSE-EE y UPyD, instó al Gobierno autonómico a conceder una tarjeta sanitaria a todas las personas que residen en Euskadi, "independientemente de su situación administrativa", para garantizar así una atención sanitaria "universal".

Con este pronunciamiento, los mencionados partidos pretendían acabar con la situación generada por una norma autonómica que garantizaba el acceso a todos los servicios de Osakidetza a los inmigrantes en situación irregular, con la condición de que tuvieran  una antigüedad de al menos un año de empadronamiento en Euskadi.

La decisión de seguir prestando asistencia primaria a este colectivo, pese a la decisión del Gobierno central de limitar a las urgencias la asistencia a los inmigrantes irregulares, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, aunque éste aún no se ha pronunciado de forma definitiva sobre este asunto.

Pese a no haberse modificado ese decreto, el Ejecutivo autonómico emitió a finales de 2013 una instrucción interna para que las personas sin permiso de residencia que no cumplieran el mencionado requisito de antigüedad en el padrón pudieran disponer, pese a ello, de un médico de cabecera.

En su respuesta por escrito al PSE, el consejero de Salud ha explicado que "la razón para no iniciar el trámite de un decreto que corrija el plazo de un año es que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión y, sobre todo, que se está atendiendo a las personas que llevan menos de un año de empadronamiento conforme a la normativa vigente, de acuerdo con el criterio" del Alto Tribunal.

Darpón se ha referido también a la petición del PSE para que el Gobierno vasco tome como "ejemplo" el camino emprendido por el Ejecutivo navarro para atender a estas personas. El consejero recuerda que, el 17 de diciembre de 2013, el Tribunal Constitucional "suspendió la vigencia y aplicación de la ley navarra que reconocía a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario" de esa comunidad, por lo que no considera "que dicho procedimiento sea el adecuado para garantizar la equidad y la universalidad para todas las personas residentes en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa".

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