El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática,
Ángel Víctor Torres, ha presidido la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del
País Vasco, que ha ratificado el
traspaso de tres competencias acordadas entre el Gobierno y el País Vasco. La homologación de títulos universitarios, sanitarios y a nivel general es una de ellas, y será una realidad para esta autonomía a partir del 1 de julio de 2024. Junto a esta, han llegado a acuerdos en las siguientes materias: servicio ferroviario de cercanías y sistema de acogida de personas migrantes.
Los tres traspasos ratificados este lunes por la
Comisión Mixta de Transferencias, entre los que se encuentran las
homologaciones de grados sanitarios y a nivel general
, son los primeros de la XV Legislatura, “fruto de la colaboración permanente entre ambas administraciones y revelan la voluntad de seguir avanzando en el orden constitucional y el desarrollo estatutario”, ha destacado Ángel Víctor Torres. El ministro ha subrayado que “los
nuevos traspasos de competencias son un ejemplo más de los constantes
acuerdos que alcanza el Gobierno de España con las comunidades autónomas y con ellos profundizamos en la descentralización y fortalecemos el Estado de las autonomías”.
Homologación de títulos universitarios
El traspaso de las
competencias en educación, completando la transferencia aprobada en 2011 con la
homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios (hasta ahora la autonomía podía hacer homologaciones solo hasta el nivel de la enseñanza secundaria) por fin se ha hecho efectivo para País Vasco.
Podrán solicitarlo los residentes en de esta comunidad autónoma y, según el acuerdo, el primer traspaso en esta materia,
entrará en vigor el 1 de julio del 2024.
Por otra parte, permanecerán en la
Administración General del Estado la potestad normativa para regular las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos; la regulación del reconocimiento de estudios universitarios extranjeros; y la determinación de la correspondencia al nivel del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores.
Las homologaciones, uno de los temas pendientes de Euskadi
La cesión de las
competencias para la homologación y equiparación de títulos universitarios al País Vasco representa uno de los temas aún no resueltos para el Gobierno de
Íñigo Urkullu. Recientemente, el lehendakari anunció su decisión de agotar la legislatura, rompiendo la tradición de celebrar elecciones autonómicas simultáneas con Galicia, y expresó su deseo de
completar esta transferencia antes de los comicios.
Torres, que aseguraba desde el primer momento el compromiso del Gobierno para cumplir con los plazos establecidos, ha remarcado que los pactos “son
fruto del diálogo permanente entre los ministerios implicados y el Gobierno Vasco, a quien agradezco su voluntad de entendimiento y
cooperación durante los meses de negociación”.
En los tres traspasos ratificados hoy se crean
órganos de seguimiento, integrados por representantes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para
asegurar el buen desarrollo de los servicios desde el primer día y con el objetivo, en última instancia, de prestar un servicio más eficiente y de mayor calidad a la ciudadanía.
"Desigualdades" por las homologaciones en el SNS
El nuevo modelo de homologación que plantea el País Vasco ya levantó ampollas entre los colectivos profesionales cuando se empezó a negociar en 2018. Desde la Organización Médica Colegial (OMC) resaltaban que convenía que se mantuviese un único marco de titulación y homologación, teniendo en cuenta que solo existe un espacio de praxis profesional.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también se ha posicionado en contra, explicando que este modelo de homologación “rompe” el sistema único. Según ellos, esto “afecta a la igualdad de acceso al empleo público” y al “ejercicio de profesiones con habilitación específica”.
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