La Justicia obliga a Osakidetza a rehacer su gran OPE de 7.642 plazas fijas

El plan de estabilización para dar un empleo fijo a 7.642 sanitarios que ejercen en Euskadi se retrasa. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha obligado a rehacer la gran Oferta Pública de Empleo (OPE) convocada a finales de 2022 por el Gobierno autonómico y que estaba previsto que se resolviera antes de finalizar el año. Los jueces han adoptado esta decisión después de haber analizado el sistema de valoración de los méritos que había sido diseñado para que médicos, enfermeros o técnicos pudieran acreditar su experiencia.

Las bases originales de la convocatoria establecían que se utilizaría un mismo modelo de puntuación de los servicios prestados para dirimir los procesos selectivos de los años 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, el sindicato de Enfermería Satse denunció ante los tribunales esta fórmula porque consideraba que se iba a utilizar “las mismas reglas del juego” para decidir sobre dos procesos diferentes: uno de carácter ordinario y otro extraordinario.

Después de un primer fallo de instancia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificó el pasado 7 de octubre esta sentencia (416/2024), dando la razón a los demandantes, lo que obliga al Gobierno a rehacer la oposición con un nuevo sistema de puntuación. Ahora deberán reconfigurar el sistema de méritos teniendo en cuenta además que puedan participar los profesionales de Osakidetza, de otras comunidades autónomas o incluso de otros estados de la Unión Europea.

“Todo ello implica la modificación tanto de las bases generales, desglosando el número de plazas que se ofertan en cada OPE, sistema de selección, turno y procedimiento de resolución, como de las bases específicas de todas las categorías convocadas”, ha reconocido el Gobierno de Euskadi.

Nueva OPE en la sanidad vasca

Para poder cumplir con el dictamen de los jueces, el Ejecutivo ha establecido ahora que separará el proceso ordinario y el extraordinario. Por un lado, intentará concluir el proceso de estabilización extraordinario motivado por la Ley 20/21 de temporalidad que obliga a todas las administraciones públicas a reducir sus interinos por debajo del umbral del 8 por ciento de la plantilla total. En total hay 3.723 plazas afectadas por esta convocatoria que por ley deberían quedar adjudicadas antes del 31 de diciembre.

Mientras que, en una segunda tanda, darán respuesta a la Oferta Pública de Empleo ordinaria correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 que suma otros 3.919 puestos de empleo fijos en diferentes categorías, tanto por turno libre como por promoción interna. Es aquí donde se va a rehacer la valoración de los servicios prestados, aunque no hay una fecha decidida para publicar la resolución definitiva.