El Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria ha dictado el sobreseimiento de la causa relativa a las presuntas
filtraciones de exámenes de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) 2016-17 de
Osakidetza, el Servicio de Salud vasco. La magistrada ha considerado que no existen “indicios racionales de la comisión del ilícito” salvo en el caso de los investigados de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, cuyo procedimiento solo se ha archivado provisionalmente.
En un extenso auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital vasca incide en que no hay pruebas fehacientes de estas supuestas
filtraciones en las pruebas de acceso a Osakidetza. “No ha quedado
ni lo más mínimo e indirectamente justificado que quienes resultaron investigados llevaran a cabo una infidelidad en la custodia de los exámenes”, ha destacado la juez, que, de esta forma, ha acordado exonerar a 17 imputados.
Por el contrario, considera que
"no procede" acordar el sobreseimiento libre", sino provisional, para otros dos acusados. En este caso, el tribunal ha considerado que todavía hay elementos por investigar, por lo que ha decidido mantener abierta la causa. Esto se traduce en lo que legalmente se llama un "sobreseimiento provisional", lo que significa que
las investigaciones seguirán adelante para aclarar los hechos.
Aún existe, eso sí, posibilidad de recurso en caso de que aparezcan nuevas pruebas. De hecho, el sindicato LAB ha anunciado ya que apelará la decisión de la juez, a la que acusa de
“cerrar en falso la investigación, dejando en el aire las grandes incógnitas”.
Dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón
Fue en 2019 cuando la Fiscalía Superior del País Vasco detectó los primeros indicios de un delito de revelación de secretos en la OPE de Osakidetza a raíz de diferentes denuncias sindicales. En primera instancia quedaron en entredicho las pruebas de las especialidades de Anestesia y Angiología. No obstante, el número de categorías bajo sospecha
fue aumentando progresivamente hasta alcanzar las 19.
El foco se fijó entonces sobre los principales responsables del servicio, incluido el consejero autonómico de Salud,
Jon Darpón, quien terminó dimitiendo. El escándalo también se llevó por delante a la directora general de Osakidetza,
María Jesús Múgica; el director de Recursos Humanos,
Juan Carlos Soto; y su subdirector,
Xabier Balerdi.
A raíz del escándalo, el Gobierno vasco desplegó un nuevo modelo de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en Osakidetza con
37 medidas de refuerzo para evitar ‘fugas’ de información. Este plan supuso el fin de las convocatorias masivas, la introducción de componentes de innovación en las pruebas adaptadas a las características de los puestos a cubrir, como entrevistas conductuales; y la reducción de los miembros de los tribunales, que son elegidos por sorteo.
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