Euskadi homologará a sus propios médicos antes de las elecciones vascas

La transferencia al País Vasco de las competencias para homologar y equiparar títulos universitarios es uno de los temas pendientes para el Ejecutivo de Íñigo Urkullu. El lehendakari anunció recientemente su decisión de agotar la legislatura, rompiendo la ya tradición de celebrar elecciones autonómicas al mismo tiempo que Galicia, y su intención de dejar finalizada esta cesión antes de los comicios. Tras estas declaraciones, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este jueves que el traspaso de poderes "va bien". Además, desde el Gobierno central señalan que los plazos establecidos para la cesión de poderes se están cumpliendo.

"Son tres traspasos los que teníamos que hacer en tres meses", ha señalado el ministro, haciendo referencia a las competencias de Cercanías, la homologación y equiparación de títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de inmigrantes. "Van bien. Hay algunos que tienen mayores dificultades técnico-jurídicas... Pero las cosas van bien", ha asegurado Torres en una rueda de prensa para valorar sus primeros tres meses en el cargo.

Por su parte, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha avazando a Redacción Médica que se están cumpliendo los plazos establecidos y que la transferencia se complete antes de las elecciones vascas. Los comicios aún no tienen fecha: los últimos se realizaron en julio de 2020, tras ser convocados para el 5 de abril pero tener que ser aplazados por la pandemia.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Homologación de Medicina y Enfermería en el País Vasco

A principios de este mes, Denis Itxaso, delegado del Gobierno central en Euskadi, afirmó que existe un compromiso “explícito” y “firmado” por parte de ambos Ejecutivos, y que, por parte de la Moncloa, hay una actitud colaborativa: “Está absolutamente dispuesto a cumplir”. Son “tres materias que están ya muy avanzadas”, según Itxaso. Además, aseguró que este mes de febrero sería “clave” para que Euskadi reciba las competencias pactadas. 

Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu acordarón en diciembre de 2018 el traspaso de estas competencias al País Vasco, ya en un contexto de déficit de profesionales sanitarios. El pasado mes de octubre, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) dio al Gobierno central un plazo de tres meses para materializar esta medida, a cambio del apoyo de los nacionalistas a la investidura de Sánchez, y así quedo reflejado en el acuerdo con el PSOE.

Según explicaron en 2018 fuentes del entonces ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dicha validación servirá para todo el territorio español, “dada la unidad de mercado”. Esto podría afectar a los plazos del proceso de homologación, que la normativa fija en un máximo de seis meses. Sin embargo, desde Movimiento por la Homologación Justa afirman que la espera media es de tres años para contar con la convalidación, y que hay casos en los que esa demora se ha prolongado hasta los diez años.

El ministro en su intervención para valorar sus primeros tres meses en el cargo.

"Desigualdades" en el SNS

Sin embargo, el nuevo modelo de homologación que plantea el País Vasco ya levantó ampollas entre los colectivos profesionales cuando se empezó a negociar en 2018. Desde la Organización Médica Colegial (OMC) abrieron las puertas a homologar ellos los títulos justificándolo en que "solo existe un único sistema de ordenación profesional y porque la certificación común de los estudios y licencias profesionales es imprescindible para la credibilidad de los títulos, diplomas y certificados". En ese sentido, resaltaron que "conviene a todos que, al existir un único espacio de praxis profesional, también se mantenga un único marco de titulación y homologación".

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también se ha posicionado en contra, indicando que la cesión de esta competencia exclusiva del Estado “rompe” el sistema único. Según ellos, esto “afecta a la igualdad de acceso al empleo público” y al “ejercicio de profesiones con habilitación específica”. “CSIF rechaza la quiebra del principio constitucional básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley”, ha manifestado la central en un comunicado.

Asimismo, el sindicato ha advertido que "adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar que el Estado, cuya obligación es garantizar la igualdad de todos los españoles, renuncie a competencias exclusivas en materia de legislación laboral, régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de los empleados públicos, titulaciones universitarias, así como en materia de Seguridad Social". 

Torres durante la rueda de prensa.