El Gobierno se pone ‘manos a la obra’ contra el cigarrillo electrónico

Redacción. Vitoria
El Departamento de Salud ha comenzado a tramitar una orden destinada a regular y restringir el uso del cigarrillo electrónico. Con ella, pretende disuadir de su uso en centros sanitarios y docentes e instalaciones de la Administración general y la comunidad autónoma, incluidos los medios de transporte público.

La medida se alinea con la postura ofrecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconseja el uso del producto hasta que su inocuidad quede certificada, y se queda a expensas de la materialización de la directiva europea con la que se establecerá el marco legislativo de la Unión Europea.

El consejero de Salud, Jon Darpón.

De hecho, el Gobierno ha indicado que para determinar la seguridad, la eficacia y los posibles efectos secundarios de este dispositivo, "es preciso contar con más estudios e investigaciones". Asimismo, asegura que "no es del todo descartable que su uso en lugares públicos puede comprometer el proceso de normalización que se ha conseguido tras la regulación del tabaco por la normativa vigente". Dicha normativa, precisamente, será tomada como referencia a la hora de establecer las condiciones de uso del cigarrillo electrónico.

Según recuerda el apartado justificativo de la orden -que alude a los principios de prudencia, proporcionalidad y ejemplaridad-, aunque la promoción de este artículo lo presenta como un sustitutivo del tabaco o incluso como dispositivo que puede ayudar a abandonar el hábito de fumar, a día de hoy no se ha demostrado su eficacia en este sentido ni se ha podido determinar de modo concluyente su carácter inocuo, puesto que no hay evidencia científica sobre el impacto en la salud de las personas usuarias directas y de otras personas del entorno.

De hecho, para determinar la seguridad, la eficacia y los posibles efectos secundarios de este dispositivo es preciso contar con más estudios e investigaciones, sin ser del todo descartable que su uso en lugares públicos puede comprometer el proceso de normalización que se ha conseguido tras la regulación del tabaco por la normativa vigente, que precisamente será tomada como referencia a la hora de establecer las condiciones de uso del cigarrillo electrónico.