Navarra quiere que nueve especialidades sigan trabajando hasta los 70 por razones de recursos humanos

Nueva hoja de ruta autonómica: prorrogar la jubilación por especialidades
El secretario general del Sindicato de Médicos de Navarra, José Miguel Lera, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, y Francisco Miralles, secretario general de CESM.


8 oct. 2016 12:50H
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POR @CRISTIDEPEDRO
A día de hoy la edad de jubilación está fijada en 65 años, pero según qué comunidades, las Consejerías son más o menos flexibles. La última en plantear una original medida para paliar sus propias necesidades de recursos humanos ha sido Navarra. El Ejecutivo autonómico -a instancias de Salud-  quiere que médicos de nueve especialidades  (Pediatría, Radiodiagnóstico, Rehabilitación, Traumatología y Cirugía Ortopédica, Otorrinolaringología, Aparato Digestivo, Cardiología, Anestesiología y Reanimación y Urología) puedan ejercer hasta los 70. De esta manera, y según el documento remitido por Salud al sindicato, esta medida está destinada  a los facultativos que quieran acogerse voluntariamente, por un periodo determinado, y en todo caso, hasta los 70 años.

La versión de Salud viene motivada por razones de recursos humanos y en concreto, “porque son especialidades donde no hay personas en listas de contratación o que habiendo no hay posibilidad de encontrar candidatos que acepten un contrato para sustituir a la persona que se jubila”.

Para Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) "es algo inédito". La medida, ha relatado a Redacción Médica, "es la primera de estas características en España y es totalmente discriminatoria, porque faltan médicos en esas nueve especialidades, pero también en todas las demás", ha recalcado. Se tienen además que "respetar los derechos" de todos aquellos que quieran prorrogar su edad de jubilación. Para este representante de CESM, "esto de a unos sí y a otros no me parece discriminatorio".  

Sin embargo, la iniciativa tiene un claro precedente en Aragón. El pasado mes de abril, el Consejo de Gobierno de la comunidad aprobó por decreto que los médicos de seis especialidades retrasasen su jubilación un año. También Asturias ha abierto la mano en la concesión de prórrogas en el servicio activo para los pediatras que voluntariamente lo soliciten.

Desde otras Consejerías han querido valorar esta 'filtración' por especialidades. Desde el Servicio de Salud de Baleares, el responsable de RR.HH, Gabriel Lladó, ha contado a Redacción Médica, que el régimen jurídico navarro permite esta regulación "al ser considerado el personal como funcionario de carrera y no estatutario". Los sanitarios que trabajan en las islas sí estarían sujetos a un plan de ordenación de recursos humanos -actualmente se trabaja en un borrador-, donde "será previsible" que se detecten necesidades para cubrir puestos en Pediatría y Radiología. 

Sí comparten el mismo objetivo desde Castilla y León, aunque el planteamiento es diferente. Concepción Nafría, directora de Profesionales del Sacyl ha explicado a este medio que el plan de ordenación de recursos humanos vigente en su comunidad prevé varios supuestos para los profesionales que quieran prolongar su servicio más allá de los 65. En concreto, si la especialidad a la que pertence el facultativo tiene una carencia de recursos humanos, automáticamente se le concede esta prórroga. "La experiencia nos demuestra que la deficiencia de profesionales va variando, por lo que pensamos que lo más adecuado es estudiar caso por caso", ha sentenciado. 

Jarro de agua fría para los sindicatos

“Es una ocurrencia sorprendente, una medida discriminatoria que nos ha pillado de improvisto”. Así ha calificado el secretario general del Sindicato de Médicos de Navarra, José Miguel Lera, la decisión del gobierno de ampliar la edad de jubilación de los médicos de estas nueve especialidades. Lo que a priori podría recibirse como una medida que paliara la controvertida norma de 2012 -aquella que quería ahorrar en gasto público y obligaba a los facultativos a jubilarse obligatoriamente a los 65-  ha sentado como un jarro de agua fría en el seno del sindicato. 

El secretario general de este sindicato no está conforme porque piensa que es “totalmente discriminatoria”. Cree que “en todas las especialidades hay un problema de escasez de médicos y ahora viene una generación importante que quiere jubilarse”. Lera se pregunta qué tipo de variables se han seguido desde la Consejería para ampliar la jubilación a los 70, “un criterio kafkiano”, en su opinión. “No está fundamentado, no se ha hecho ningún análisis, no está razonado; estamos hablando de menos de la mitad de la plantilla. ¿Por qué a unos sí y a otros no?”. Para el colectivo que representa esta medida es inaudita, “un parche utilitario y chapucero, pues no conocen ningún precedente similar en todo el estado”. Por ello, han rechazado la propuesta presentada por Salud, de la que no tenían conocimiento hasta ahora.

Una medida que debe estar "bien justificada"

Según Fabián Valero, abogado especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y director general de Zeres Abogado, “esta medida tiene que estar muy bien hilada, argumentada y razonada para que salga adelante”. Tal y como ha contado a Redacción Médica, “la Consejería de Salud tiene que acreditar que realmente son puestos de difícil cobertura y que no existe otra posibilidad de cubrirlos”. Sin embargo, Lera, ha confirmado a este medio que no existe ningún informe del departamento sobre previsiones en jubilaciones, documento que el sindicato ha solicitado en reiteradas ocasiones.

Valero ha asegurado además, que -ante esta norma sí cabe recurso-  puede vulnerar  el artículo 23.2  de la Constitución española, aquel que dice que “los ciudadanos  tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”, o lo que es lo mismo, acceder a una oferta de empleo público. 

La norma navarra de 2012 establece en 65 años la edad de jubilación, pero hecha ley, hecha la trampa. La ley se reserva en uno de sus artículos la facultad por parte del Gobierno, “con carácter extraordinario” de prolongar aquellos supuestos en los que la adecuada prestación  de los servicios públicos haga imprescindible la permanencia en servicio activo de determinado personal, por un periodo determinado, y como máximo, hasta los 70 años.



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