Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública y María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra.
Navarra y el Gobierno de España
oficializan el traspaso de funciones y servicios en materia de sanidad penitenciaria. La Comunidad Foral de Navarra ejercerá, dentro de su ámbito territorial y par el centro penitenciario ubicado en el mismo, las funciones de asistencia sanitaria establecidas en la legislación penitenciaria.
El ejercicio de estas funciones deberá
garantizar los derechos de los internos como usuarios de los servicios de salud, la accesibilidad de este colectivo a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso. Por último, la asistencia sanitaria incluye las actividades sanitarias de índole médico-legal determinadas en la legislación penitenciaria, según consta publicado en el
Boletín Oficial de Navarra (BON).
Por su parte las funciones que permanecen en el
ámbito de la administración del Estado son la coordinación general de la sanidad penitenciaria, la fijación de medios y sistemas de relación y
compartir información y datos en la historia clínica en el caso de traslados de internos a centros de otra comunidad autónoma.
El importe destinado al personal funcionario de la sanidad penitenciaria asciende a 360.000 euros de retribución anuales y más de 69.000 euros por el coste anual de productividad por realización de guardias sanitarias, además de otros 132.000 euros de las retribuciones anuales del personal laboral. El traspaso de funciones y servicios objeto del presente acuerdo
tendrá efectividad a partir del próximo 1 de agosto.
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