Navarra, al Constitucional por ‘rebelarse’ contra el 16/2012

Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, y la consejera de Salud de Navarra, Marta Vera.

Asimismo, el Ejecutivo solicita la invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley Foral. El Gobierno entiende que las previsiones del artículo único de esta Ley Foral incurren en “extralimitación competencial” al vulnerar la normativa básica estatal, por la que se determinan las condiciones para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y se regula el reconocimiento del derecho a dichas prestaciones a través del Real Decreto 16/2012.

El apartado 1 de la norma, indican desde el Gobierno, reconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública a todas las personas con residencia en Navarra, sin excepción, y el apartado 2 concreta, en términos más amplios, lo que se entiende por "residencia”. Estos preceptos de la Ley Foral implican una invasión de las competencias estatales, porque “regulan una materia que corresponde exclusivamente al Estado”, aseguran.

El Gobierno también estima que los apartados 3, que regula la expedición del documento de identificación de acceso al régimen de universalización, y 4, que define el ámbito objetivo del precepto, incurren en “extralimitación competencial” por los mismos motivos que los apartados 1 y 2.

Además, los apartados 1, 2 y 4 implican también una vulneración de las competencias exclusivas del Estado sobre extranjería, aseveran. Asimismo, como la Disposición adicional de la norma tiene por objeto la ejecución de las previsiones de la Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, y dicha Ley ha sido impugnada por el Estado por vulnerar las mencionadas competencias estatales, el Gobierno entiende que también dicha disposición incurre en inconstitucionalidad.