Redacción. Pamplona
La consejera de Salud, Marta Vera, ha explicado que los dos nuevos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C suponen un coste para Navarra más de 2,5 millones de euros; uno casi un millón y otro, 1,7 millones, en respuesta a una pregunta del Partido Socialista de Navarra (PSN) en el pleno del Parlamento.
Marta Vera, consejera de Salud.
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Vera ha mostrado su "alegría" por la incorporación de estos dos fármacos al Vademécum, señalando que uno de los fármacos aprobados está ya disponible y el segundo lo estará el 1 de noviembre. Ambos se financiarán con cargo al presupuesto del Servicio Navarro de Salud.
Con el primero, según Vera, el techo máximo de gasto para "toda España es de 70 millones de euros al año, para el Sistema Nacional de Salud (SNS), y para la región supone casi un millón de euros". Con el segundo fármaco, "los cálculos del ministerio estiman para toda España 125 millones al año, y para Navarra supone 1,7 millones de euros".
Distribución
Según ha indicado Vera, "no es que haya una cantidad de dinero a repartir entre los pacientes", sino que hay informes que determinan para qué casos se prescriben esos medicamentos.
"La disponibilidad de estos dos fármacos implica cambio en el protocolo y se acordó realizar una estrategia terapéutica, que el Ministerio ha repartido a las comunidades autónomas", ha dicho, para indicar que "el Servicio de Farmacia lo está valorando". "Mientras tanto, la utilización se realiza según las recomendaciones de los informes de la Agencia Española de los Medicamentos".
Su mensaje se ha basado en tranquilizar a los pacientes, "ni yo como consejera ni el presidente de Atehna vamos a decidir a qué pacientes se les va a aplicar el tratamiento, es un criterio clínico", ha afirmado, y ha asegurado que "los profesionales van a ver a qué pacientes estos tratamientos les hará bien y se prescribirán".
Asistencia a inmigrantes
La consejera de Salud, por otro lado, ha afirmado que el Ejecutivo no factura la asistencia sanitaria en Urgencias a ningún inmigrante irregular, en respuesta a una pregunta de Aralar-NaBai.
La titular del ramo ha aseverado que el departamento de Salud ha pedido a ONG y organismos que tratan con inmigrantes que cuando tengan constancia de una factura a un inmigrante lo comuniquen y hasta el momento "no nos han remitido ni un solo caso".
Vera ha explicado que, cuando un paciente acude a Urgencias, "lo primero y en todo caso recibe atención", y ha señalado que en el servicio de admisión se le pide la tarjeta sanitaria o los datos de su compañía aseguradora. Si no dispone de esta información ni de documento de identificación, se le recogen los datos disponibles y se le entrega una hoja para que se ponga en contacto con la unidad de prefacturación.
En el caso de que el paciente tenga cobertura de una compañía aseguradora, deberá proporcionar los datos para que sea esta compañía la que se haga cargo del gasto. Por el contrario, cuando una persona alega que no tiene recursos económicos, se le invita a hablar con una trabajadora social y se le solicita que se abra una tarjeta en el sistema sanitario para poder recibir una mejor atención en el futuro. En ningún caso, ha afirmado, se cobra a estas personas la atención sanitaria.
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