La oposición navarra se une para derogar el decreto sanitario

Redacción. Pamplona
Los grupos parlamentarios de PSN, Bildu, Nafarroa Bai, Izquierda-Ezkerra y los dos parlamentarios no adscritos de Geroa Bai han registrado en la Cámara foral una proposición de ley, que se tramitará el próximo lunes, para derogar el decreto que regula el horario y el funcionamiento de los centros sanitarios de Atención Primaria y de los Puntos de Atención Continuada y Urgente.

De Simón ( Izquierda-Ezquerra), Caro (PSN) y Ruiz ( Bildu).

Los grupos proponentes han criticado que el citado decreto ha sido emitido por el Gobierno de Navarra con "la oposición frontal de los agentes sanitarios implicados en el proceso de la reforma sanitaria, así como de la mayoría política, sindical y social".

Por ello, PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai han considerado, a través de un comunicado conjunto, que es "necesario mejorar aspectos relativos a la asistencia sanitaria, pero que en ese proceso no debe primar el criterio económico, sino la mejora de la calidad asistencial".

Para estos grupos parlamentarios, el decreto aprobado por el Ejecutivo foral supone "un grave retroceso en la calidad asistencial a la ciudadanía navarra, especialmente en las zonas rurales, en las que desparecen puntos de atención y en las que vuelven a implantarse guardias localizadas, que no existían desde 2008".

"Estas medidas alargarán inevitablemente los tiempos de demora en urgencias que podrían ser vitales, aumentando los riesgos a los habitantes de zonas rurales concretas", han sostenido.

Además, han subrayado que "al deterioro en la calidad asistencial se une el deterioro en las condiciones laborales y el empleo" y han lamentado que este decreto "supone la pérdida de al menos 45 puestos de trabajo".

Una circunstancia "paradójico", en opinión de estos grupos parlamentarios, "ya que al mismo tiempo es previsible que se incentiven las guardias y las horas extras para realizar los módulos de la tarde".

Ante esta situación, PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai han propuesto que este decreto sea derogado y que el Gobierno foral "esté obligado en el plazo de un año a realizar una verdadera evaluación de las necesidades sanitarias de las zonas rurales en lo relativo a la atención continuada y urgente, con la participación efectiva de municipios y profesionales".