La Cámara insta al gobierno a obtener datos sobre las recetas no retiradas tras la introducción del copago farmaceútico

Redacción.Pamplona
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una resolución en la que se insta al Gobierno Foral a “realizar los estudios o encuestas oportunas para, en el plazo de tres meses, obtener los datos relativos al número de recetas que han quedado sin retirar desde la implantación del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril”, relativo al copago farmacéutico.

Marta Vera, consejera de Salud del Gobierno de Navarra.

La moción  pide asimismo conocer "los datos relativos a la proporción de usuarios que ha dejado de retirar esas recetas, señalando también el porcentaje concreto de pensionistas y personas con rentas más bajas".

Asimismo, la resolución recoge un segundo punto en el que la Cámara rechaza "la actitud mantenida por el Gobierno de Navarra en relación con la Ley Foral 18/2012 sobre complementación de prestaciones farmacéuticas, pues, pese a ser aprobada el 11 de octubre de 2012, no ha sido aplicada ni puesta en vigor".

En referencia a este último punto, se insta al Gobierno a “defender con todos los medios de los que dispone la norma aprobada en este Parlamento", apartado que ha originado los votos en contra de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y del Partido Popular de Navarra (PPN), pero el respaldo del Partido Socialista Navarro (PSN), Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda-Ezquerra (I-E) y los grupos no adscritos ha sido suficiente.

Entre la argumentación de los grupos políticos, Bildu y Aralar-NaBai señala que "dada la inaplicación de la Ley Foral 18/2012 sobre la complementación de prestaciones farmacéuticas, contra la que el Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad en febrero de este año (cuatro meses después de su aprobación), en Navarra continúa rigiendo el copago farmacólogo implantado en julio de 2012 a partir del Real Decreto 16/2012".

A este respecto, han hecho referencia a los datos obtenidos en una encuesta realizada por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid, que revelaron “datos tan preocupantes como que el 16,8 por ciento de los pensionistas ha dejado de retirar sus recetas".

De constatarse la anterior tendencia  "quedaría patente el efecto disuasorio del Real Decreto, cuyo objetivo, fundamentalmente recaudatorio, perjudica a los más pobres".