La Abogacía del Estado recurre el Decreto de Salud Sexual y Reproductiva

La Abogacía del Estado ha recurrido el Decreto Foral de Salud Sexual y Reproductiva aprobado por el Gobierno navarro. En concreto, se plantea suspender el artículo que hace referencia a las personas beneficiarias de la prestación de servicios contemplados en la norma, principalmente inmigrantes irregulares.

La noticia ha supuesto el rechazo frontal del Ejecutivo navarro. Precisamente, la presidenta del Gobierno autonómico, Uxue Barkos, ha manifestado que no comparte el recurso contencioso-administrativo presentado y ha expresado su esperanza en que el Tribunal Constitucional no suspenda la norma.

"La clave ahora estará en el hecho de que pueda suspenderse o no" y ha señalado que espera que el Constitucional tenga "la sensibilidad de que a la espera de la resolución de este recurso no sea suspendida su aplicación". De hecho, el Gobierno de Navarra cuenta ahora con un plazo de 10 días para argumentar que no se suspenda el mencionado artículo del decreto foral.

Inmigrantes irregulares afectados

Asimismo, el portavoz de Geroa Bai en el Parlamento autonómico, Koldo Martínez, ha lamentado que el recurso presentado por la Abogacía del Estado en contra del Decreto Foral de Salud Sexual y reproductiva dado que el mismo se centra en los servicios que se reconocen a “los colectivos de inmigrantes irregulares”.

Martínez ha explicado que "el recurso se centra en los servicios que la norma, aprobada por el Gobierno foral, reconoce a los colectivos de inmigrantes irregulares, aquellos que por su situación administrativa sufren mayor vulnerabilidad". "El recurso es fruto de unas políticas que pretenden fomentar las desigualdades y no estamos dispuestos a aceptarlo", ha asegurado en un comunicado.

En ese sentido, ha aseverado que el Ejecutivo autonómico defiende “una atención sanitaria integral para todos y todas las navarras, también para los colectivos más excluidos y vulnerables", al tiempo que ha reprochado que "el Partido Popular no solo no reconoce derechos a estas personas no dotándoles de medios, sino que trata de impedir” que otros lo hagan.

El portavoz de Geroa Bai ha afirmado que "se trata de un nuevo ataque contra el autogobierno navarro que se suma a los recursos interpuestos por el Tribunal Constitucional contra leyes navarras o a las competencias pendientes de ser transferidas a la Comunidad foral". "Una deriva centralizadora con la que, una vez más, no tiene ningún reparo en judicializar la política, en esta ocasión, evitando la instauración de políticas progresistas", ha zanjado.