El Gobierno publica la Ley sobre Atención Continuada y Urgente para paliar el retraso sanitario rural

Redacción. Pamplona
La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha dispuesto la publicación en el BON de la Ley Foral 2/2013, de 14 de febrero, sobre atención sanitaria, continuada y urgente. Esta disposición deroga el Decreto Foral 131/2012, de 19 de diciembre, por el que se regulan el horario y el funcionamiento de los centros sanitarios de Atención Primaria, de los Puntos de Atención Continuada y Urgente, y las modalidades de Atención Continuada y Urgente.

Yolanda Barcina.

El Gobierno expone que la normativa derogada supone por primera vez un retroceso en la prestación sanitaria ofertada a la ciudadanía, dado que implica el desmantelamiento del actual sistema de urgencias destinado a la población rural y a la red viaria de la comunidad.

“Con su aplicación se pone en riesgo la seguridad con la única justificación de un pretendido ahorro de costes, que por otra parte no es real. Se desaprovecha la oportunidad de estudiar modelos más efectivos y, a la vez, más eficientes que permitan continuar mejorando la asistencia a las urgencias vitales en el medio rural”, señala el Gobierno.

Asimismo, el Ejecutivo añade que “el decreto se opone a los principios de equidad en los niveles de salud e igualdad en las condiciones de acceso al sistema sanitario para todos los ciudadanos, descentralización y participación en la gestión, calidad y humanización de la asistencia sanitaria”.

De esta forma, la presente Ley Foral pretende ofrecer una alternativa al cambio que supone dicho Decreto Foral con la elaboración de un nuevo modelo a través de un procedimiento que procure la mayor participación y consenso sociales.

Por todo lo dicho, el Departamento de Salud realizará una evaluación de las necesidades de la población de las zonas rurales en relación con la atención sanitaria y las ineficiencias del modelo y elaborará un Plan de funcionamiento de los centros sanitarios de Atención Primaria y de las modalidades de Atención Continuada y Urgente con participación de los profesionales sanitarios, de las entidades locales y de los colectivos sociales relacionados con dicha materia procurando el mayor consenso posible.

Tras esto, el Gobierno remitirá el Plan al Parlamento en el plazo máximo de un año para su debate y aprobación.