Redacción. Pamplona
El Gobierno ha decidido personarse en la causa abierta tras el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 8/2013 de 25 de febrero por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario, porque considera que tiene competencia propia para regular la asistencia sanitaria de los excluidos del Sistema Nacional de Salud.
Yolanda Barcina. |
Para el Ejecutivo foral, la competencia en esta materia se viene ejerciendo de hecho desde el año 1991. Además, con la modificación que supuso el Real Decreto Ley 16/2012 en la condición de asegurado, el Gobierno de Navarra ya ejerció dicha competencia con la extensión de la prestación sanitaria a todos aquellos que quedaban fuera del Sistema Nacional de Salud mediante la modificación del Decreto Foral 640/1996. Esta actuación, ya generó un conflicto con el estado quien recurrió la norma del ejecutivo foral ante el Tribunal Constitucional, quien decretó la suspensión temporal de dicho Decreto Foral, ha indicado el Gobierno en una nota.
Ante este nuevo recurso de inconstitucionalidad, el Ejecutivo considera que debe defender la competencia Foral personándose en la causa y solicitando el levantamiento de la suspensión. La personación tiene por objeto defender la competencia navarra en este ámbito y no la propia ley foral en sí, aprobada por el Parlamento, cuya aplicación en la práctica ha tenido consecuencias no deseadas.
Así, la norma que se suponía que tenía como objetivo la inclusión en el sistema sanitario público y gratuito a las personas que habían sido excluidas y que carecían de recursos económicos o estaban en una situación irregular, ha supuesto de facto la entrada en el sistema público a personas de elevados ingresos puesto que podían solicitar la asistencia con la acreditación de un solo día de estancia en Navarra. De hecho, en los meses en que esta Ley Foral ha estado en vigor, se ha tenido que conceder el documento sanitario navarro además de a inmigrantes irregulares, a ciudadanos procedentes de EEUU, Gran Bretaña, Australia, Italia o Portugal, ha expuesto el Gobierno.
Con la suspensión de la Ley Foral 8/2013 de 25 de febrero, la normativa a aplicar en la Comunidad foral es la estatal (Real Decreto Ley 16/2012) que establece que se debe facturar la asistencia sanitaria a todos los que se encuentran fuera del Sistema Nacional de Salud.
El Gobierno de Navarra ha decidido, sin embargo, continuar prestando la asistencia sanitaria pública sin contraprestación a todas aquellas personas que no tengan recursos o que estén en situación de inmigrantes irregulares. Para ello, durante los alrededor de cinco meses que considera durará la suspensión de la citada Ley, emitirá pre-facturas que se quedarán sin ejecutar hasta ver cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional.
Por otra parte, las personas que mediante la Ley Foral 8/2013 obtuvieron el documento sanitario navarro no se van a ver afectadas por la suspensión y se les va a continuar prestando la atención sanitaria gratuita, derivada de su documento, como se hacía hasta ahora.