Manuel Villegas, consejero de Salud de la Región de Murcia, y Dolors Montserrat, ministra de Sanidad.
El
Gobierno central ha puesto en cuestión la
constitucionalidad de una partida de los
Presupuestos de la Comunidad para 2018, de
nueve millones de euros, que ha permitido la incorporación de
3.849 trabajadores del
Servicio Murciano de Salud (SMS) a la
carrera profesional.
El
Ministerio de la Presidencia, que dirige
Soraya Sáenz de Santamaría, ha iniciado el trámite previo a un posible recurso ante el
Tribunal Constitucional (TC) con la creación de una comisión bilateral en la que el Ejecutivo autonómico tendrá que
convencer a los técnicos de la Administración del Estado de que la medida no desborda las competencias autonómicas, lo que vulneraría el marco constitucional.
Según explican fuentes cercanas a la Comunidad al diario
La Verdad, el Ministerio considera que
se incumplen los Presupuestos Generales del Estado para 2017 (todavía en vigor), que fijan en un 1 por ciento el
incremento salarial máximo para los empleados públicos.
Presupuestos prorrogados desde 2017
Los entre 58 y 191 euros mensuales que desde febrero están cobrando
3.849 sanitarios en concepto del primer nivel de la carrera profesional
superarían ese
tope. Estas fuentes aseguran que el problema reside en que los Presupuestos del Estado permanecen
prorrogados desde 2017, y confían en que si se desbloquean finalmente las cuentas de 2018, como todo indica que ocurrirá tras el apoyo anunciado este miércoles por parte del
PNV, desaparecerán los obstáculos. No obstante, la carrera profesional supera también el incremento previsto para 2018, que es del 1,75 por ciento. Estas fuentes insisten en que en el texto legislativo habrá encuadre para la carrera.
También las
organizaciones sindicales consultadas creen que finalmente
habrá acuerdo en la comisión bilateral, de forma que el asunto no llegará al Constitucional. "En todo caso, aunque esto terminase en el TC, a los profesionales no se les detraería la cantidad ya percibida", tranquiliza Javier Lanza,
secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Por su parte, el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) asegura que ya advirtió "de que esto podría ocurrir".
La
Consejería de Salud considera que habrá acuerdo y que el asunto no trascenderá al
Tribunal Constitucional (TC).
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