Un informe jurídico ratifica la legalidad de la junta de gobierno de García Romero

Alberto García Romero, presidente del COF de Madrid.

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Para Rafael Ariño, director del despacho Ariño y Villar Abogados, no existe duda respecto a la vigencia y legalidad de la actual junta directiva del Colegio de Farmacéuticos (COF) de Madrid, que preside Alberto García Romero, aunque se encuentre 'en funciones'.

En un informe firmado por el propio Ariño y encargado por la institución colegial relativo al alcance de los actos de la junta de gobierno en funciones, se indica que en la actual situación “puede seguir adoptando todas las decisiones que no comprometan las futuras decisiones que podría una Junta de Gobierno que la sustituya”.

Indica que esto deja “claro que no se pueden adoptar decisiones que comprometan la ejecución de los Presupuestos del Colegio, pero sí la ejecución ordinaria del mismo (como ordenar los pagos correspondientes al funcionamiento normal del Colegio, como son las nóminas de los empleados, o el pago por servicios y suministros)".

Asimismo, informa de que “actos de gestión ordinaria (como la tramitación de expedientes de los colegiados) deben seguir desarrollándose, incluso los derivados de procedimientos disciplinarios, en donde se produce además el control de la Comisión de Recursos”.

Además, Ariño recuerda que cuando se notificó suspensión de los comicios del COF, García Romero “consultó verbalmente” al letrado responsable de la misma “acerca de la continuidad de la Junta de Gobierno, si llegado el término de su mandato aún no se hubiera finalizado el proceso electoral”. La respuesta a esta cuestión fue positiva, indicándose que seguía en funciones.

Acusaciones

El COF de Madrid ha sacado a la luz este documento después de que Jaime Acosta, David Quirós y María Carmen Martín, miembros tanto de la junta de gobierno como de la candidatura liderada por María Jesús Rodríguez en las elecciones de la institución colegial,  hubiesen reclamado en un carta la disolución de la actual junta de gobierno y puesto en duda la legalidad de la misma.

En dicha carta se exige un informe jurídico externo (como el que el COF ha elaborado) y los tres firmantes (vocales de las Titulares de Oficinas de Farmacia, de Titulares de Farmacia Rural y de Docencia e investigación) renuncian voluntariamente a sus retribuciones en la Junta de Gobierno desde el 21 de abril, y piden que se congelen las retribuciones del resto de miembros y su ejercicio hasta que la situación se aclare.

ENLACES RELACIONADOS

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Acceda aquí al informe jurídico.

Acceda aquí a la carta de los tres miembros de la junta de gobierno.