Madrid desvela su ley de Farmacia más asistencial

La Comunidad de Madrid ha hecho público, a través de su portal de transparencia, el anteproyecto de Ley de Farmacia de la región, un desarrollo legislativo con diversas novedades para la botica regional después de que se comenzara su elaboración a principios de esta legislatura.
 
Entre ellas, el texto reconoce la posibilidad de que las farmacias concierten nuevos servicios con Consejería de Sanidad de Madrid, generando un marco legal para ello, aunque no se menciona su remuneración. “Podrán ser objeto de concertación los servicios farmacéuticos que se consideren en cada momento adecuados para satisfacer las necesidades sanitarias y asistenciales de los ciudadanos. A tales efectos deberán tenerse en cuenta las prestaciones y servicios que formen parte de la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud y de la Cartera de servicios complementaria y específica de la Comunidad de Madrid”. Eso sí, “tales servicios en ningún caso implicarán diagnóstico clínico”, indica el documento.
 
Así mismo, el texto  propone que los horarios de apertura de los establecimientos en un régimen “de libertad y flexibilidad”, siempre y cuando se garantice “el acceso a la atención farmacéutica de manera continuada, estructurada y publicitada”.
 
Sociosanitarios
 
Por otro lado, en materia de centros sociosanitarios con más de 100 camas en régimen de asistidos “estarán obligados a disponer de un Servicio de Farmacia Hospitalaria propio, que deberá estar bajo la responsabilidad de un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria o disponer de un Depósito vinculado a un Servicio de Farmacia Hospitalaria perteneciente a la red pública que sea de referencia en el Área o zona sanitaria de influencia correspondiente”.
 
En cambio, los centros de menos de 100 camas menos de 100 camas podrán contratar sus depósitos de medicamentos con oficinas de farmacia, mediante un concurso libre si se trata de centros públicos o un convenio si son privados.
 
Con la publicación del borrador, se abre el plazo de alegaciones, que durará hasta el 7 de febreros, por lo que el documento puede sufrir cambios. Después de este plazo, el anteproyecto se debatirá en  la Asamblea de Madrid, cámara en la que se votará aprobación definitiva.