Madrid aclara que su sanidad sí trata a embarazadas y menores ‘sin papeles’

Fuentes de la Consejería de Sanidad han indicado este jueves a Efe que es "falso" que en la Comunidad de Madrid se esté denegando el acceso a la atención sanitaria a embarazadas y menores en situación irregular, tal como denuncia la plataforma Yo Sí Sanidad Universal.

Las mismas fuentes han añadido que la Comunidad mantiene la cobertura a embarazadas, menores y urgencias, tal y como recoge el Real decreto de 2012, cobertura que la Comunidad de Madrid amplió en agosto de 2015 a todos los inmigrantes en situación irregular mediante la introducción del Código DAR. Sanidad ya ha inscrito más de 34.000 códigos DAR desde entonces, según datos de la consejería madrileña.

Además, sostienen que el curso de formación referido no impide la atención a embarazadas y menores, y que en él se explica la documentación que tienen que aportar para ser atendidas aquellas personas que lleven menos de 90 días en España, como sucede con la atención a cualquier visitante o turista.

Embarazadas y menores de edad

En el caso de embarazadas y menores que lleven menos de 90 días: las embarazadas, en situación de estancia, son atendidas por procesos urgentes tanto en atención primaria como hospitalaria registrándose en el Sistema de Información Poblacional de forma transitoria.

Y en el caso de los recién nacidos, se les presta atención sanitaria en ambos ámbitos asistenciales, son también registrados en el Sistema de Información Poblacional y reciben todas las prestaciones que sean precisas, incluida la administración de vacunas.

Queja al Defensor del Pueblo

La plataforma Yo Sí Sanidad Universal remitió una queja al Defensor del Pueblo donde se queja de que desde hace algunos meses el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en sus cursos de Derecho y acceso a la asistencia sanitaria para personal administrativo de Atención Primaria, "está informando y dando instrucciones en el sentido de impedir que estos menores y mujeres embarazadas puedan ejercer su derecho a la asistencia, poniendo así en riesgo su salud".

Según la queja de este colectivo al Defensor del Pueblo, el personal administrativo recibe cursos con instrucciones que incumplen toda la legislación de protección de estos colectivos.

En estos cursos se insta al personal de administración de los centros sanitarios "a revisar pasaportes y certificados de empadronamiento y denegar durante meses la inclusión en el sistema sanitario", añade en la denuncia.