Redacción. Madrid
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que es “absoluta y radicalmente falso” que haya en la Comunidad de Madrid ningún tipo de derivación ‘masiva’ de operaciones quirúrgicas a centros concertados y ha remarcado que esas derivaciones que se realizan en la región “ni siquiera son importantes” o “preponderantes”.
![]() Javier Fernández-Lasquetty. |
Como dato, el consejero ha dicho que aproximadamente se realizaron en Madrid 420.000 operaciones quirúrgicas durante 2012 mientras que se derivaron bajo libre elección de los pacientes 22.000 intervenciones, lo que supone además niveles similares a los de 2011.
“Por cada intervención quirúrgica derivada otras 20 se hicieron en hospitales públicos, por lo que llamar masivo a semejante cosa me parece algo absolutamente distorsionado o deliberadamente erróneo”, ha dicho Lasquetty para remarcar que, precisamente, lo que quiere la Comunidad es aumentar la actividad en centros públicos y por ello se han realizado contratos de tarde para operaciones quirúrgicas.
Así lo ha manifestado este domingo en rueda de prensa para hacer un balance de los transplantes de órganos efectuados en la Comunidad de Madrid durante 2012 y en alusión a las críticas vertidas por la asamblea de jefes de servicio de hospitales, que denunciaban la suspensión de la actividad quirúrgica por la tarde en los centros y que ello motivaba derivaciones a gran escala a centros privados.
Al respecto, el consejero ha recalcado que su lectura de esa asamblea es que sus integrantes realizaron una defensa de las ‘peonadas’ (las horas extra que se realizaban por la tarde) que la Consejería ha eliminado dado que suponía un gasto de 35 millones de euros. Con su supresión, según ha dicho Lasquetty, se llegará a un ahorro de 20 millones de euros durante 2013.
Lasquetty ha dicho que en la Comunidad no se produce ninguna derivación masiva porque, entre otras razones, la Consejería “no tiene el más mínimo interés en ello” sino lo que hace es cumplir la Ley, en concreto el decreto autonómico que regula la listas de espera quirúrgica que fija la obligación de ofertar un centro alternativo cuando no se puede cumplir el plazo establecido en el público.