La denuncia del PSM contra la externalización llega a Bruselas

Redacción. Madrid
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha viajado hoy hasta Bruselas, acompañado por la secretaria de organización del PSM, Maru Menéndez y el diputado y portavoz en materia sanitaria en la Asamblea, José Manuel Freire, para presentar ante la Comisión Europea una denuncia contra el proceso de privatización de los hospitales madrileños promovido por el ejecutivo de Ignacio González y que, en palabras de Gómez, “ha conseguido un amplio consenso a la contra de toda la sociedad madrileña, independientemente de su ideología”.

Juan Fernando López Aguilar y Tomás Gómez.

“Es muy importante lo que pase en Madrid porque si cae sanidad pública en Madrid caerá la sanidad pública en España y lo que estamos haciendo es defender precisamente Madrid para que no caiga”, señalaba el líder socialista tras presentar esta denuncia y mantener un encuentro con el europarlamentario Juan Fernando López Aguilar.

Gómez ha recordado que esta es la culminación de las acciones judiciales emprendidas por su formación política para frenar los planes privatizadores del PP madrileño: en primer lugar se presentó un recurso en el Tribunal Constitucional contra la privatización; después, los socialistas registraron sendos recursos contenciosos administrativos, uno ante el TSJM contra la Consejería Sanidad y otro en los juzgados ordinarios contra el Sermas, exigiendo la suspensión cautelar del desarrollo de los pliegos de privatización de los hospitales de Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía; y además, el PSM se sumó como acusación popular en la querella de AFEM ante el Juzgado número 4 de Primera Instancia de Madrid que fue admitida a trámite.

El objetivo de la denuncia interpuesta en Bruselas, señalaba el dirigente socialista, es que,  basándose en las graves irregularidades de procedimiento detectadas en este proceso, la Comisión Europea tome las medidas previstas para este tipo de vulneraciones de la ley e inicie un procedimiento de infracción del derecho de la Unión que culmine con el envío de un dictamen motivado al Gobierno que conllevaría la retroacción de todo el proceso de privatización, lo que significaría en términos prácticos la nulidad del concurso llevado a cabo por la Comunidad de Madrid.

Existe, añadía Tomás Gómez, un precedente en Italia, en Sicilia, donde se produjo un intento de privatización “muy similar a lo que intenta hacer PP en la Comunidad de Madrid” que fue declarado nulo porque se reconoció la obligatoriedad de la publicación en el diario oficial de la Unión Europea (DOUE) y por tanto se daba el incumplimiento de la directiva comunitaria, porque Sicilia usó un contrato de concesión de servicio público cuando en realidad era de prestación de servicio público.

Así, en la denuncia se recoge que el contrato para la gestión de los hospitales enmascara en realidad un contrato de prestación de servicios de gestión por lo que el concurso público debería haber sido publicado en el Boletín de las Comunidades Europeas de acuerdo con el artículo 22 de la directiva 2004/18/CE, lo que supone una manifiesta irregularidad y la vulneración de la legislación europea. Los socialistas consideran que al no haberse seguido el protocolo dispuesto en la citada directiva, el concurso podría haber propiciado el reparto previo de los lotes a adjudicar entre las tres únicas empresas que se han presentado al concurso.

A juicio de Gómez, “todo este proceso tiene mucha opacidad, tiene toda la pinta de que se ha procedido un reparto previo. Porque es curioso que salen a licitación 6 hospitales, sólo se presentan 3 empresas para cubrirlo y en ningún caso ha habido confluencia de 2 empresas en una licitación de un solo hospital… Esto en cálculo probabilístico es prácticamente imposible”, ha afirmado.

Gómez se ha mostrado convencido de que ante su denuncia la Comisión Europea emitirá un dictamen favorable a sus intereses dados los numerosos antecedentes que en este sentido cuenta este organismo ante denuncias similares.