Farmacia domiciliaria: Enfermería gana al COFM la primera batalla

La Dirección General de Inspección y Ordenación de la Comunidad de Madrid ha ordenado "el cese inmediato" de las actividades de atención farmacéutica domiciliaria que venía llevando a cabo la oficina del municipio madrileño de El Boalo, botica que publicitaba el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, ha informado el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid y Satse. 

Esta farmacia se publicitaba como pionera por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid en lo que podría ser la futura ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid, tal y como ha informado Satse Madrid. La botica cobraba entre 2 y 6 euros a los usuarios por unos servicios que, de forma totalmente gratuita, desarrollan las enfermeras de los centros de salud públicos. A la cantidad que cobran directamente a los usuarios hay que sumar otra cifra, de hasta 40 euros de coste medio, que "sale del presupuesto público del Ayuntamiento de El Boalo".

Se atiende así la denuncia que el Colegio interpuso el pasado mes de mayo y en la que se alertaba de este posible caso de intrusismo. La oficina de farmacia de El Boalo realizaba hasta ahora actividades de atención farmacéutica domiciliaria en el marco de un proyecto piloto denominado 'Programa de ayuda al mayor', fomentado por el Ayuntamiento de la localidad, que habría contratado así los servicios de la titular de la oficina de farmacia.

La decisión final de la Dirección General de Inspección de ordenar el cese de la actividad avala la postura del Colegio ante la atención farmacéutica domiciliaria, cuya puesta en marcha se considera una invasión de competencias y por consiguiente un caso de intrusismo profesional.

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid considera que esta decisión es lógica, y en este sentido insta a la Dirección General de Inspección a seguir en esta línea de evitar posibles casos de intrusismo como el que venía desarrollando la titular de la oficina de farmacia de El Boalo.

Por su parte, Satse ha alertado sobre la gravedad del caso, ya que "dichos servicios podrían generar graves problemas sanitarios al sustituir la labor del seguimiento sanitario del Sermas por el de una empresa privada que no tiene acceso, por ejemplo, a la historia sanitaria de los pacientes".