El sindicato médico madrileño Amyts ha pedido garantías jurídicas para pacientes y profesionales ante la tramitación de la Ley Orgánica de la eutanasia. “Garantía jurídica, desde luego y en primer lugar, para el paciente; en segundo lugar, para los profesionales que se vean implicados”, ha manifestado Miguel Ángel García Pérez, doctor en Medicina, máster en Bioética y coordinador de Formación y Desarrollo Profesional del colectivo.
La norma "debe tener seguridad jurídica tanto para pacientes como para profesionales"
Amyts considera que la norma, en el caso de desarrollarse, “debe tener suficiente seguridad jurídica tanto para los pacientes como para los profesionales y que se garantice la objeción de conciencia”.
En este sentido, ha indicado que la norma debe garantizar la objeción de conciencia para aquellos profesionales a los que esta práctica “les pueda suponer una crisis de identidad personal o profesional y que, por lo tanto, no se vean marginados”.
Por último, García Pérez ha hecho hincapié en que la ley “debería tener claro” la “regulación protectora de ese derecho” y que es la “persona afectada la que solicita directamente, no a través de intermediarios, la finalización de su vida en una serie de circunstancias claramente definidas”.
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