El TSJM paraliza los recursos a la externalización

Redacción. Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado la tramitación de todos los recursos sobre la privatización de la gestión de seis hospitales públicos de Madrid hasta que se resuelva la recusación del presidente de la sala que ha asumido todos los casos.

Gerardo Martínez Tristán.

Así consta en un acuerdo de los 50 magistrados del Pleno de la Sala que establece la posibilidad de plantear un recurso de reposición en el plazo de cinco días posteriores su notificación. Precisamente Tristán decretó el pasado 16 de octubre la agrupación de recursos planteados sobre la externalización, que estaban siendo cursados en varias secciones, al entender que ello evitaría dictámenes que sean "contradictorios".

Esta decisión motivó la recusación del PSM al entender que el magistrado está "implicado" e "involucrado" con el PP pues estaba casado con la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García. Aparte, los socialistas apuntaban en su recurso que Tristán era uno de los candidatos del PP para vocal del Consejo General del Poder Judicial y que su esposa es compañera en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del actual responsable nacional del PP en Sanidad, José Ignacio Echániz.

Además, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del presidente de la Sala al considerar que era una medida "excepcional" y que lo habitual en los casos de diferentes recursos abordados en distintas secciones es, según la jurisdicción contencioso-administrativa, la acumulación de todos juntos o la tramitación del primero dejando en suspenso todos los demás hasta dictar sentencia.

Con este acuerdo, la Sala suspende la tramitación y resolución de los recursos planteados en la sección tercera y el presentado en la sección octava sobre la externalización de los seis hospitales de la región, que está de momento suspendida de forma cautelar, hasta resolver primera la cuestión de la recusación.

"Como quiera que la recusación se ha plantado respecto al presidente de la Sala, quien avocó al Pleno la resolución de los recursos contenciosos de referencia sobre la base de una invocada relación entre ellos, y resultando la causa de la recusación planteada (...) remite a hechos y circunstancias asimismo concurrentes en todos los demás recursos, es por lo que la mayoría de magistrados presentes en el Pleno entienden que los efectos de tal recusación podrían afectar a la decisión a adoptar en el resto de los recursos avocados al Pleno", recalca el acuerdo de la Sala.

Cuatro magistrados votan en contra

Dicha resolución cuenta con voto particular formulado por cuatro magistrados de la Sala que entienden que el proceso de recusación no debe implicar "la suspensión de todos los demás asuntos planteados" sobre la externalización de los seis centros hospitalarios.

"El auto del que respetuosamente discrepamos (...) extiende los efectos de una recusación concreta, en una causa concreta, a otros procedimientos en los que los recurrentes en los mismos son distintos, no han opuesto tacha de imparcialidad alguna respecto a ningún miembro del Tribunal encargado de su conocimiento o resolución, cuando ninguna otra norma de nuestro Ordenamiento Jurídico (...) habilitan o amparan tal resolución", exponen los cuatro miembros del Pleno de la Sala en su voto particular.

Además, entienden que con el auto del 4 de noviembre, la Sala parece que "asume como ciertos los 'hechos' y las 'circunstancias' en que se sustenta la recusación" planteada en el recurso, cuando "la misma ni es competente para formular recusación alguna, ni para resolver la recusación planteada de la que se viene haciendo mención, ni, tampoco para emitir opiniones ni pareceres respecto a la eventual recusación concurrida, o no, de la causa de recusación planteada por una de las partes en un proceso ajeno a la convocatoria del Pleno".

Aparte, considera que la recusación de un miembro del Pleno, aunque sea su presidente, "no afecta" a los demás miembros de este órgano judicial. Por tanto, entienden que aunque la recusación podría apartar al presidente, al resto de miembros no se ha planteado recusación y por tanto "no existe motivo alguno para paralizar la decisión a adoptar" sobre estos asuntos "con implicaciones jurídicas y económicas relevantes para la sociedad".