El PSOE denuncia impagos a las clínicas que realizan abortos por derivación

Esta misma semana se ha conocido que tan solo cuatro comunidades autónomas en España, entre las que se encuentra la Comunidad de Madrid, no registraron ningún aborto en centros sanitarios públicos durante 2020, según consta en el Registro Estatal de IVE publicado este martes por el Ministerio de Sanidad. Esto significa que todos los procesos de interrupción del embarazo se derivaron a clínicas privadas.

Bajo este contexto, el PSOE madrileño denuncia los impagos que están sufriendo las clínicas privadas de la Comunidad de Madrid desde hace cuatro meses y a las que los hospitales públicos derivan las intervenciones que deciden no practicar debido a, en la mayoría de los casos, la no disponibilidad de facultativos dispuestos a practicarlos alegando objeción de conciencia.

La cantidad adeudada superaría el millón de euros a un total de siete clínicas, según ha explicado a Redacción Médica la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales, quien no ha querido revelar cifras exactas y no poner sobre la mesa nombres concretos “por respeto a las clínicas, que tienen miedo”. Morales, eso sí, indica que tan solo a uno de estos centros ya se le debe casi un millón de euros “y son siete en total” las que denuncian los impagos.

“El problema de la Comunidad de Madrid es que se trabaja sin concierto, sin convenio y sin ningún tipo de contrato, al contrario que sucede en otras regiones como Andalucía o Asturias”, sostiene Morales. “Las clínicas funcionan mediante carta de pago a través de las cuales se les abona los servicios”, sin embargo, alerta, estas cartas no traen aparejada “ninguna obligación” para que se les garantice el pago por los servicios que prestan.

Los hospitales de la Comunidad de Madrid son los que deciden cuándo derivar un proceso de interrupción voluntaria del embarazo a la sanidad privada y los responsables de estas “cartas de pago”. “Hay hospitales que son mejores pagadores, y otros que menos. Hay alguno en concreto que lleva dos años sin pagar”, denuncia la diputada del grupo socialista.

Al mismo tiempo, concreta que son hospitales de gestión privada “los peores pagadores”. Una situación que ha puesto en pie de guerra a muchas de estas clínicas que se dedican casi en exclusividad a procesos abortivos, lo cual ha provocado que muchas de ellas se sitúen en una situación “muy delicada” e, incluso, “hay alguna que se plantea el cierre total”. Ante esta realidad, Morales avanza que las clínicas estudian acciones para revertir este acontecimiento, si bien ha evitado adelantar en qué dirección irán estas medidas.

“Lo que pedimos es impulsar acciones para que los abortos se puedan hacer en los hospitales y que estos procesos se encaminen hacia su realización en la sanidad pública”, apunta Morales, quien señala que  la prioridad debe ser “que las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones legales, seguras y con garantías”.

Así, “lo más urgente es que la Comunidad de Madrid garantice a las clínicas condiciones dignas, con un convenio, o que al menos les garanticen el pago” por los servicios que realizan en esta materia. “Y que no dependan de la derivación de un hospital. Que el proceso sea a la inversa, que sea la Consejería la que se haga cargo de esos cargos, como ya lo hace con otros servicios”, finiquita la diputada del PSOE.