Redacción. Madrid
El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha presentado este miércoles, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un recurso contencioso administrativo contra los pliegos de externalización de seis hospitales de la red pública.
En declaraciones a los medios a las puertas del tribunal, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Freire, ha considerado que la "privatización es ilegítima y se mete con artículos de la Constitución, como el que asegura un sistema de Seguridad Social Público".
![]() José Manuel Freire. |
"Es una privatización delictiva contra la que recurrimos aquí y ahora. Vamos a recurrir a otras instancias y vamos a pelear para que esto termine mal para los que quieren privatizar el sistema sanitario público”, ha asegurado el portavoz.
Freire ha explicado que los pliegos "rebasan la autorización del artículo 62 de la Ley 8/2012, que dice que autoriza al Gobierno a privatizar la atención sanitaria en los hospitales".
"Pero lo que hacen estos pliegos es que no solamente se privatiza la gestión, sino que privatiza la caja sanitaria de las poblaciones afectadas de estos hospitales", ha afirmado a renglón seguido en referencia a los ciudadanos que acuden a los centros de Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía.
A su juicio, esta externalización tiene "consecuencias muy importantes para el conjunto de la ciudadanía". En primer lugar, ha relatado, "introduce desigualdades" debido a las diferencias en los euros per cápita en cada centro.
Además, ha considerado que introduce unos sistemas de controles que "van a impedir a la gente recibir la atención sanitaria igual en todos los territorios" y ha criticado que la externalización "tiene fórmulas económicas absolutamente insólitas" por las que el Gobierno entrega dinero a los empresarios para que luego, al cabo de un año, los empresarios ajusten cuentas con el gobierno".
Asimismo, se han personado en la querella que ha presentado los médicos de AFEM y han presentado otro recurso en los juzgados ordinarios, también para "paralizar" la medida porque no saben quien ha tomado la decisión exactamente y por lo tanto, a qué instancia deben recurrir.